El portavoz de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, explica que con  la propuesta se solicita además la elaboración de los estudios jurídicos y técnicos precisos a los efectos de que la adhesión a ese código sea tenido en cuenta por el Gobierno de Canarias respecto a los contratos a formalizar con las entidades financieras. Asimismo, se insta al Ejecutivo regional a  recomendar a la Fecam que haga suyo el código de buenas prácticas y que igualmente lo tenga en cuenta a la hora de formalizar sus contratos con las entidades financieras.

Matos recuerda que Canarias ha sido una Comunidad Autónoma especialmente castigada por este tipo de prácticas, con miles de afectados por productos financieros como las preferentes o los swaps. Añade que el uso de cláusulas suelo en créditos hipotecarios, la venta fraudulenta de acciones de entidades financieras o el uso de tipos abusivos de interés son algunos de los ejemplos.

“Como consecuencia de la crisis económica y por dar una respuesta jurídica a miles de ciudadanos afectados por estos tipos de prácticas, primero los tribunales europeos y luego los españoles han ido dictando sentencias en los últimos años que han ido abriendo un camino para la defensa de consumidores que en su día contrataron alguno de aquellos productos financieros”, señala.

El diputado indica que la base de todas esas sentencias ha girado en torno a la aplicación de la legislación tanto europea como nacional de protección de derechos de consumidores y usuarios, a la vez que se despejaba el camino para que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, pudieran actuar en esta materia.

En este sentido, expone que la Ley 3/2003 que regula el Estatuto de Consumidores y Usuarios de Canarias prevé la aprobación de códigos de buenas prácticas que posteriormente serán de obligado cumplimiento para aquellas empresas que decidan aceptarlos.