Dávila advirtió que esta situación de incertidumbre política “solo sirve para empeorar la situación de una comunidad autónoma que es la peor financiada de todo el país”. En este sentido, recordó que desde 2009, año en que se aprobó el actual modelo, hasta 2013, “Canarias ha perdido casi 3.500 millones”.  Esté déficit significa que las islas reciben 300 euros menos por habitante y año que el conjunto de las autonomías. 

“La negociación de un nuevo modelo es extremadamente urgente”, reiteró la consejera, quien recordó el posicionamiento unánime al respecto alcanzado por todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias.  

El reparto desigual, injusto y arbitrario de los recursos provoca un déficit de financiación que obliga a detraer recursos de la comunidad autónoma para costear unos servicios públicos que tendría que cubrir el Estado, restándolos de otras partidas también necesarias como las destinadas a impulsar la inversión productiva o las políticas de dinamización económica. 

Anunció que “el Gobierno de Canarias aprobará en breve una comunicación sobre la reforma del sistema de financiación que será debatida próximamente en esta Cámara”. El objetivo es garantizar la equidad y la eficacia en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas, especialmente en aquellas que, como Canarias, necesitan un trato específico y diferenciado por la insularidad y la lejanía.