Su nombramiento como presidente de la Generalitat supone que continúa adelante el plan para destruir el marco constitucional y estatutario y crear, al margen de la legalidad interna, europea e internacional, un nuevo Estado en el territorio catalán. Tal como ya ha denunciado Societat Civil Catalana, esta sesión de investidura refleja un nivel de degradación institucional alarmante que se fundamenta en un objetivo que choca frontalmente contra la democracia y la ley.

Carles Puigdemont hace expresa su voluntad de desafiar al Estado de Derecho y de dividir a los catalanes, continuando con la insurrección institucional que padecemos desde hace años; y eso sobre la presunta base de un mandato democrático que se traduce en un apoyo a los partidos secesionistas inferior al 48% de los votos emitidos. En ningún Estado de nuestro entorno jurídico sería posible que quien hace expreso que usará el poder público en contra del Estado de Derecho asuma ese poder.

Política y jurídicamente es necesario que ciudadanos, partidos e instituciones actúen con el sentido de la responsabilidad que requiere la magnitud del desafío al que se enfrentan las sociedades catalana y española.