La diputada socialista Tamara Raya fue rotunda en la exposición de motivos para presentar esta PNL, “hemos querido trasladar una propuesta al Congreso de los Diputados que trata de paliar una situación injusta y que se da en nuestro país. Las familias con niños enfermos de cáncer, que ya de por si pasan por una situación bastante dolorosa no se merecen un trato diferenciado que dependa de la Comunidad Autónoma en la que vivan o del criterio médico que los evalúe.”

La propuesta insta al Gobierno a proponer en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad los siguientes puntos: 

Por un lado, la elaboración de un informe acerca de las diferencias existentes en los procedimientos y criterios utilizados por los equipos de valoración a la hora de aplicar el baremo a menores con cáncer, así como de las consecuencias que dichas divergencias tienen en la asignación de determinado grado de discapacidad y los efectos que de ello se derivan para las familias afectadas.

Por otro lado, la formulación de propuestas en orden a la aplicación del baremo a los menores con cáncer con la finalidad de garantizar la aplicación uniforme, incluyendo las medidas necesarias para solucionar los problemas y disfunciones detectados en el citado informe.

Y, finalmente, del citado informe y de las propuestas formuladas se dará traslado a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

En el caso de los menores afectados por cáncer, las organizaciones de tercer sector han puesto de manifiesto la existencia de diferencias relevantes en los procedimientos y criterios utilizados por los diferentes equipos de valoración a la hora de aplicar el baremo. La consecuencia de ello es que a menores con iguales patologías se les reconoce grado de discapacidad en algunas Comunidades Autónomas, pero no en otras. Sucede también que, entre las que reconocen discapacidad, asignan grados diferentes, es decir, son valorados con distintos porcentajes. A ello hay que añadir que el período de demora de la primera cita para la valoración oscila entre uno y doce meses, según dónde se haga; y que el plazo de resolución va desde la inmediatez hasta los 6 meses. En algunos lugares el grado de discapacidad se concede desde el diagnóstico, mientras que en otros es necesario esperar 6 meses desde el diagnóstico para poder solicitarlo, incluso en algún caso obligan a esperar 6 meses tras la finalización del tratamiento.

Los derechos asociados al grado de discapacidad comienzan a partir del reconocimiento de un 33%y se incrementan significativamente a partir del 65%. Las ayudas y servicios para el colectivo de personas con discapacidad se prestan por los organismos públicos competentes ya sean municipales, autonómicos o estatales, y también por la iniciativa privada social.

Entre los beneficios a los que pueden acogerse las familias de los niños con reconocimiento de grado de discapacidad se encuentran los relacionados con prestaciones económicas y sociales; tratamientos rehabilitadores; productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar; recursos y apoyos educativos; beneficios fiscales; ayudas para trasporte.