Aunque resulta perturbador que un candidato como Trump –que insultó constantemente a multitud de grupos sociales (mujeres, latinos, afroamericanos, musulmanes, prisioneros de guerra y familiares de soldados caídos, discapacitados, entre otros) y se aupó en un discurso de tonos autoritarios y reaccionarios– haya ganado los comicios, la victoria del magnate tiene la validez legal que le concede su triunfo en el Colegio Electoral, que es donde se elige al presidente estadounidense.

Por ello, la nación requiere una honda reflexión sobre el alcance del malestar social y el auge de actitudes intolerantes que se mezclaron para permitir que Trump sea el próximo ocupante de la Casa Blanca. Comprender y atender esa realidad es indispensable para que, al margen de quién ocupe la presidencia, esas heridas sociales puedan sanar y se evite dañar la institucionalidad y los valores democráticos.
La elección de Trump más que un aval al individuo o un reconocimiento a una candidatura es una expresión de la profunda división que existe en Estados Unidos, de los profundos desencuentros entre gobierno y ciudadanos y del riesgo de que esas diferencias se ahonden y afecten la democracia.
La victoria electoral no legitima las actitudes y planteamientos más hostiles que el magnate abanderó o  dejó ser durante su campaña. Pero grupos extremistas podrían suponer que el triunfo de Trump concede validez al nativismo, a la xenofobia, al racismo, a la misoginia, a la intolerancia y a las actitudes autoritarias. No es así, pero ése es una de las graves consecuencias que podría tener el resultado del 8 de noviembre: atizar la llama de los extremismos y, peor aún, darles legitimidad o cabida dentro del aparato de gobierno.
A lo largo de todo el proceso electoral, desde las campañas primarias hasta la fecha, mientras se alertaba sobre los peligros del discurso de Trump también se comentó que la retórica del magnate sería un mero oportunismo para atraerse votos (al parecer, él incluso llegó a sugerir ante The New York Times que ‘todo es negociable’) y es posible que una vez en el poder y con las realidades del gobierno frente a sí, el nuevo presidente realice un esfuerzo de comprensión y contención que mitigue sus ácidos planteamientos de campaña para dar paso a un gobierno, en lo que cabe, incluyente y receptivo.
Pero, como también se vio a lo largo del proceso, eso podría ser pedirle peras al olmo, por lo que la sociedad debe estar alerta y, mediante el ejercicio de sus libertades y derechos democráticos, frenar los arrebatos autoritarios y el frenesí intolerante que, por lo que dijo en su campaña, Trump podría comenzar a aplicar durante su mandato.
Por ejemplo, de emprender su anunciada política de persecución y deportación de indocumentados, su prohibición a la entrada de musulmanes al país, su noción de restaurar “ley y orden” mediante intimidación y detención, sus amenazas de limitar la libertad de expresión o de perseguir a sus opositores y otros de sus desplantes autoritarios, los derechos civiles y las libertades básicas podrían ser vulneradas de modo ominoso.
En el plano económico, sus propuestas fiscales y de proteccionismo comercial podrían desatar mayores crisis y pérdidas de negocios y de empleos, y su idea de abolir la Ley de Cuidado de Salud (Obamacare) dejaría de golpe sin cobertura médica a millones.