Añade, González “que ya se han olvidado las promesas electorales del grupo de gobierno sobre participación ciudadana y transparencia pública, además a estos  incumplimientos se añaden: las actitudes poco democráticas en la convocatoria extemporánea de los plenos, en los horarios intempestivos de los plenos, el no contestar a las preguntas, no ejecutar los acuerdos y mociones plenarias, no facilitar copias de los expedientes administrativos, negarse a retrasmitir los plenos, etc. demostrando la Corporación local su escasa salud democrática y la poca voluntad de mejorar en la trasparencia y de reducir la opacidad informativa”. 

Desde nuestro grupo político municipal, se ha presentado una moción al Pleno, una vez analizados los resultados obtenidos en el último Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias (ITCanarias), correspondiente al ejercicio 2017, que ha situado a esta Corporación Local en los últimos puestos de Canarias, suspendiendo en trasparencia con un 3,34. Atendiendo a lo establecido en la  Ley de Transparencia de Canarias, se solicita a que de forma inmediata se corrijan y subsanen los incumplimientos expresados (Mapa de obligaciones), para que por primera vez  este Ayuntamiento pueda autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas., resultando útil e imprescindible para el conjunto de la ciudadanía y  de la organización, dirigentes y empleados públicos, porque además nos permitiría comparar la calidad de su actividad informativa con la de otros ayuntamientos.

El Comisionado de Transparencia ha informado sobre el cumplimiento de los  ayuntamientos sobre la Ley de Transparencia de Canarias, de sus 166 obligaciones de publicación de contenidos en los portales de transparencia de sus páginas web, La aplicación “T-Canaria” permite por primera vez a todas las instituciones canarias puedan autoevaluarse sobre la calidad de sus portales de transparencia, webs o sedes electrónicas;  que resulta útil al conjunto de la entidad, dirigentes y empleados públicos.