Las consecuencias para la ciudadanía son evidentes, en la calidad de la prestación del servicio postal, cierre de oficinas y de centros de reparto, mercadeo de servicios de las administraciones en las oficinas de Correos, el aumento desorbitado de las tarifas del servicio postal universal para 2022.

Y las consecuencias laborales también son claras, convertir a los carteros y carteras urbanos y rurales en rider paqueteros precarizados de la última milla, la presión asfixiante en las oficinas postales -ahora oficinas de atención para todo (seguros, servicios financieros, loterías, bancarios) que aumentan las colas de los ciudadanos/as y se prestan con contratación precarizada, la utilización de los centros de clasificación de Correos a conveniencia de la filial Correos, los recortes de plantilla -7 mil empleos menos de plantilla global (que se quiere tapar convirtiendo en fijos a 5.377 eventuales, lo que no conlleva incremento de plantilla, porque se suprimen más puestos de los que se crean), son ejemplos claros de la precarización de las condiciones laborales de la plantilla de Correos.

Concretamente, en esta Comunidad Autónoma se han perdido en los últimos años 400 puestos de trabajo, se han cerrado una decena de oficinas, empeorando la calidad del servicio a miles ciudadanos/as, especialmente en ámbitos rurales de la España vaciada.

Por todo ello, los sindicatos mayoritarios de Correos CCOO y UGT han salido a la calle para exigir la reversión de este desmantelamiento, que Correos se base en un modelo postal público y sostenible, que garantice la cohesión social y territorial, con financiación suficiente, y que se convierta a Correos en una empresa pública moderna (postal, de paquetería y diversificación, no solo logística), eficaz socialmente y económicamente eficiente, lo que evidentemente debe conllevar un estilo de dirección totalmente opuesto al actual, recuperando el diálogo social y la negociación real, que situé a Correos en los niveles de calidad y gestión que la ciudadanía de este país merece.