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viernes, 29 de marzo de 2024 00:49h.

Néstor Hernández visitó hoy la planta de reciclaje de aceite de la asociación, ubicada en Gran Canaria, en la que se emplean personas con discapacidad y que se nutre de más de 200 empresas de la isla

El comisionado destaca la labor integradora del centro de empleo de APROSU

El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández,  conoció hoy el trabajo que realiza la planta de reciclaje de aceite de la asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas, APROSU, en la isla de Gran Canaria en la que se emplean personas con discapacidad. Alrededor de 200 empresas de la isla ya depositan su aceite en esta planta ubicada en Arinaga y solo el año pasado recogieron más de 100.000 litros de aceite usado que es transformado en biodiesel.

 

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El comisionado destacó la labor que realiza la asociación para facilitar un empleo estable a las personas con discapacidad intelectual a la par que mejoran su calidad de vida. En esta misma línea Hernández manifestó la voluntad del Gobierno por favorecer la integración de las personas con más dificultades a través de las cláusulas sociales aprobadas en el mes de septiembre pasado. “El Gobierno de Canarias fijará cada año en sus presupuestos generales una reserva para realizar contrataciones de servicios externos con los centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido”. “Las cláusulas sociales -precisó- son un hito en el sistema de contratos del Gobierno”.
El pasado mes Hernández mantuvo un encuentro con los representantes de los centros especiales de empleo de las islas orientales con el objeto de analizar las nuevas directrices, aprobadas por el Gobierno de Canarias en el mes de septiembre, para favorecer la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones que realice la administración con empresas externas. 
Con la inclusión de estas cláusulas, el Gobierno pretende que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público como son la inserción laboral de personas desfavorecidas, la igualdad entre mujeres y hombres, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la calidad en el empleo o el cumplimiento de los derechos éticos y humanos, en sintonía con la normativa europea.
En la actualidad existen en Canarias 64 centros especiales de empleo acreditados que sólo durante el año pasado facilitaron la contratación de  2.566 personas con discapacidad. A través del Servicio Canario de Empleo, el Gobierno subvenciona a los centros especiales de empleo con ayudas que permiten tanto el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad como la contratación de personal técnico de apoyo y la contratación indefinida de personas con discapacidad por empresas ordinarias. Para este año 2016 está previsto invertir más de 6 millones de euros en los centros acreditados en las Islas.