El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que se regula un sistema asistencial público, profesional, gratuito y confidencial de asistencia a las víctimas a través de estas oficinas, que contarán con un psicólogo, un funcionario de gestión procesal que las acompañará durante el proceso penal y con otros profesionales especializados para garantizar la calidad del servicio.

Catalá ha avanzado que se formalizará la constitución de 26 oficinas de asistencia y que el presupuesto de su departamento para 2016 incrementa un 57% la dotación destinada a formalizar convenios con los colegios de psicólogos. También ha anunciado que el Real Decreto prevé la creación de un Consejo Asesor de Asistencia a las víctimas con representación de la Administración General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en Justicia y de las asociaciones representativas de las víctimas.

"Lo que hacemos es materializar, concretar, articular con medios, con oficinas, con equipos profesionales, con presupuesto, con dotación financiera todas las líneas de sensibilidad y apoyo a las víctimas que la legislación ha ido creando a lo largo de esta legislatura", ha afirmado el ministro.

Registro de delincuentes sexuales​

Por Real Decreto se crea y regula la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que tiene como objetivo prevenir este tipo de delincuencia y evitar que los condenados en firme por este tipo de delitos puedan trabajar con menores.

Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que el registro permitirá que los agentes que necesiten información sobre estos delitos dispongan de ella de forma centralizada, e impedirá que "los delincuentes sexuales puedan entrar en contacto en el futuro con potenciales víctimas, como pueden ser los menores, en actividades escolares o de voluntariado".

Rafael Catalá ha añadido que también facilitará "la investigación e identificación de delitos sexuales y establecerá mecanismos eficaces entre el ámbito jurisdiccional y policial dentro de España y con otros países".

El ministro ha señalado que el registro incorporará "una serie de datos de identidad, perfil genético, penas y medidas impuestas contra los autores de delitos sexuales". En principio, incluirá los datos del condenado pero no de la víctima. Si la víctima es menor de edad se hará constar este hecho, pero no se la identificará.

En el registro estará incluido cualquier delito contra la libertad y la identidad sexual como la agresión y el abuso sexual, el acoso, el exhibicionismo, la prostitución cuando es constitutiva de delito y la corrupción de menores. Los datos serán transmitidos de forma automática por el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad de los menores. La información será accesible directamente para los jueces, tribunales, Ministerio Fiscal, policía judicial, entidades públicas de protección de menores y autoridades policiales tanto de España como de otros países que acrediten un interés legítimo para obtener ese acceso.

Rafal Catalá ha precisado que en España existen 43.745 personas condenadas por delitos sexuales. La norma aprobada hoy, al igual que preveía la Ley de Protección a la Infancia, evitará que estas personas puedan dedicarse a labores docentes o relacionadas con menores.

A juicio del ministro, con estas actuaciones de ámbito administrativo "se cierra un ciclo de protección a la víctima del delito, en particular a la víctima de delito de violencia de género o víctimas de delitos sexuales contra menores, que requieren la máxima colaboración de las administraciones públicas y contar con herramientas de gestión, como son bases de datos y las oficinas de atención a las víctimas, que se articularán en todo el territorio nacional".