Acompañados del  presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam, José Manuel Molina, el acuerdo permite, a través de una encomienda de gestión,  realizar el informe social en el que se detalle la situación social, familiar y del entorno de la persona interesada en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,  así como participar en la elaboración de propuestas del programa individual de atención (PIA) respecto a personas en situación de dependencia reconocida, atendiendo al catálogo de servicios y prestaciones del municipio y su entorno. 

Según la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, “esta medida se suma a otras que estamos llevando a cabo para mejorar la gestión en el ámbito de la Ley de Dependencia”.

Ramón Trujillo, presidente de la Fecam, mostró su satisfacción por el acuerdo por el que estos 61 ayuntamientos podrán elaborar el  informe social que hay que unir al expediente, “creo que es un avance muy importante porque se agilizan los trámites de la dependencia”.

El protocolo implica la aportación por parte de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda de un crédito 758.892,07 euros, a distribuir entre los 61 municipios según los criterios de reparto que se incluyen en el anexo del propio protocolo. 

Los ayuntamientos, que tendrán que adherirse mediante solicitud dirigida a la Federación Canaria  de  Municipios  que  la  hará llegar a la  Dirección  General  de  Dependencia  y Discapacidad, podrán, por este acuerdo marco, informar a las personas interesadas sobre los requisitos para el acceso a los servicios y prestaciones que integran el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias; facilitar a las personas interesadas la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y tramitar,  cuando proceda, la formulación de la misma.