El vecindario del centro histórico de Santa Cruz de Tenerife al que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al anular la ordenanza de movilidad aprobada por el Ayuntamiento anuncian que la batalla judicial continúa porque el gobierno municipal ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La asociación vecinal El Perenquén, que ganó el pleito en la Justicia Canaria, lamenta que el Ayuntamiento utilice el dinero del pueblo chicharrero en continuar este litigio en

el Alto Tribunal del Estado, en lugar de haber acatado la sentencia y tramitar una nueva ordenanza consensuada con los residentes en el centro histórico de la ciudad, y que, a diferencia de la que se aprobó, cuente con un informe de movilidad y un plan de evacuación de la zona afectada.

Asimismo, este colectivo ciudadano denuncia que, tras la “contundente” sentencia del TSJC, “lejos de mejorar la situación, lo que ha ocurrido es justo lo contrario, empeora el incumplimiento de la normativa de accesibilidad y movilidad en las vías y plazas públicas de la capital tinerfeña”, pues, a su juicio, “el Ayuntamiento está permitiendo la ocupación indiscriminada de aceras por terrazas” con las autorizaciones exprés por las restricciones del covid-19 al consumo en el interior de locales de restauración.

“Se han permitido ampliaciones de terrazas incumpliendo la Ley de Accesibilidad, adosándolas a las fachadas incluso sin informe previo de los bomberos, condición expresa que recoge la propia ordenanza, y ocupando las zonas de carga y descarga que tiene la Zona de Gran Afluencia Turística”, denuncia El Perenquén.

“No se puede admitir que aceras ampliadas para cumplir con la Ley de Accesibilidad ahora se llenen de terrazas y que se retiren los bolardos de seguridad para peatones con la excusa de esa ley cuando en realidad es para poner más mesas y sillas en la vía pública”, subraya la asociación.

Y asegura que se defenderá “con todas las armas jurídicas” a su alcance ante el Tribunal Supremo, pese al coste económico que ello supone y conscientes de que el Ayuntamiento paga este litigio con el dinero de los vecinos y las vecinas, incluyendo los impuestos que pagan quienes forman parte de la asociación.

Con el asunto aún en vía judicial, El Perenquén no cejará en su empeño de exigir que sean retiradas todas las ocupaciones de la vía pública que incumplen la normativa, y continuará vigilante para que las autorizaciones exprés por la pandemia no se conviertan en definitivas.

Asimismo, advierte del riesgo que entraña poner más obstáculos a los servicios de emergencia como ambulancias y bomberos, como ya se ha podido comprobar en sucesos en que estos vehículos no han podido acceder o han tenido muchas dificultades para lograrlo, poniéndose así en peligro la vida y los bienes de personas en el centro histórico.

La asociación examinará además la nueva ordenanza provisional que pretende adaptar el régimen de usos del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz del año 2005“a determinadas circunstancias sobrevenidas de modo que no sea aprovechada como una patente de corso para la implantación de más actividades molestas contrarias a la Ley de Accesibilidad y al derecho al descanso.