Con ello, se activa el período de dos meses en el que la propiedad deberá presentar el proyecto de demolición del inmueble.

David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible, explica que “el pasado mes de junio, a la vista de los informes técnicos y jurídicos solicitados al área, se tomó la firme decisión de decretar la ruina inminente del inmueble y de dar todos los pasos que dicho decreto establece, asumiendo los compromisos que de esta decisión se derivan por parte del Consistorio”.

El presente procedimiento se inició en marzo de este mismo año cuando, tras un largo trabajo de análisis de todos los expedientes inconclusos que obraban en el área, el concejal responsable de Ciudad Sostenible dictó providencia ante la grave problemática que seguía existiendo, para determinar la situación en la que se encontraba el inmueble, que culminaría en la declaración de ruina inminente del mismo.

“Este proceso que hemos iniciado es un paso clave para comenzar a poner punto y final a un problema histórico y a mejorar el entorno y las condiciones de vida de esa zona del municipio”, comenta el edil.

Las primeras acciones, como el desalojo y el vallado del edificio, fueron ejecutadas por el Ayuntamiento dada la ausencia de respuesta por parte de la propiedad. Con el inmueble desalojado, el área procedió a notificar oficialmente la declaración de ruina inminente y las obligaciones que de ella se derivan a todas las personas propietarias del edificio. 

El siguiente paso, según dictamina el decreto de ruina emitido el pasado 7 de junio de este mismo año, es la redacción del proyecto de demolición, que deberán presentar los propietarios del inmueble en el plazo de dos meses. Además, previo a completar la redacción del proyecto, el equipo redactor podría establecer otras medidas de protección del edificio urgentes como el apuntalamiento que asegure las labores previas a realizar en la estructura.

En el caso de que transcurriera el período y la propiedad no hubiera cumplido con las obligaciones del decreto, el área de Ciudad Sostenible tendrá amparo legal para poder asumir el procedimiento de contratación del proyecto de demolición del edificio, mediante la ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas.

Posteriormente, al estar el inmueble en situación legal de consolidación y ser ordenada la demolición por la Administración, se permitirá la reconstrucción con la misma edificabilidad del inmueble sustituido, tal y como señala la legislación urbanística canaria.

Hernández subraya que “no sólo estamos dando respuesta a una situación tan relevante para la ciudad, sino también a las personas propietarias del edificio, que no tendrán que esperar a la tramitación de procedimientos más complejos dependientes de otras instituciones, pues el decreto de ruina inminente emitido por el área de Ciudad Sostenible establece el camino a seguir de manera temporalizada y con las responsabilidades definidas”.