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sábado, 18 de mayo de 2024 12:58h.

“El anteproyecto de Ley es el exterminio de la Vivienda Vacacional en Canarias”

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV muestra su más profundo y frontal rechazo a este Anteproyecto de Ley, que no es una Ley de Uso Turístico de la Vivienda, sino una ley de exterminio de la VV de Canarias, señaló hoy con vehemencia Javier Valentín, vicepresidente de ASCAV.

 

vivienda vacacional
ASCAV carga con dureza contra el Gobierno de Canarias y considera que la Ley de Uso Turístico de la Vivienda encarecerá aún más los alquileres, como sucedió en Nueva York y Barcelona

Con este Anteproyecto, las VV quedan heridas de muerte, y solo es cuestión de poner la fecha definitiva de su erradicación, que será paulatina pero inexorable. El presente Anteproyecto de Ley es un refrito de las medidas más limitativas que se han dictado en España y resto de la UE sobre las viviendas vacacionales. El objetivo lo ha dejado claro el Gobierno de Canarias, prohibir las nuevas VV en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente.

El Anteproyecto es una auténtica  moratoria a las VV en Canarias  pues a partir de la entrada en vigor de la norma, no se van a admitir más altas de VV salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice (justo lo contrario de lo que tenemos ahora). En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las VV, por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos. Y además se imponen tantos y tales condicionantes a los Ayuntamientos que quieran autorizar VV que será de muy difícil cumplimiento.

Además de establecer una moratoria, la ley prevé la erradicación paulatina de las VV que en la actualidad ejercen la actividad legalmente en Canarias, que han presentado su declaración responsable y pagan sus impuestos en el archipiélago.

¿Por qué? Por dos motivos: 1) El régimen transitorio que se aplica a las VV que ya están, que ejercen legalmente la actividad y que están inscritas en el Registro General Turístico de Canarias es de imposible cumplimiento por las siguientes razones: Les otorga un plazo de 5 años para que se adapten a las exigencias técnicas del art. 5 d) (aparatos de aire acondicionado y/o calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas etc., que en muchos casos no depende de los propietarios), si no, quedarán excluidas.

Pasados esos 5 años, tienen otros 5 años (total 10 años desde que se apruebe la ley) para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma (que además no dependen de que el propietario quiera o no quiera cumplirlos). Aquí es donde se le dará la puntilla a las que consigan sobrevivir: fuera las viviendas en edificios plurifamiliares (estudios, pisos, apartamentos y las unidades de menos de 44 m2 para 2 personas, menos de 250 m2 en un edificio destinado a vivienda vacacional y otras actividades etc.); fuera las viviendas en asentamientos agrícolas, fuera las viviendas que están en situación de fuera de ordenación; fuera todas las viviendas unifamiliares adosadas (solo se permiten las que estén absolutamente aisladas de sus colindantes), imposibilidad de dedicar nuevas construcciones a este fin (se le exige una antigüedad mínima de 10 años, fuera las viviendas que oferten más de 8 plazas etc. 2) Prevé el destierro absoluto y prohibición de ejercer la actividad durante 10 AÑOS a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable, sin posibilidad de subsanar ni volver a presentar nueva solicitud en plazo de 10 años. 

El Anteproyecto es flagrantemente inconstitucional porque invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los Ayuntamientos. Es una auténtica expropiación forzosa encubierta de nuestras propiedades, insiste Valentín, porque porque priva prácticamente de contenido al derecho de propiedad y al derecho a la libertad de empresa, que son derechos protegidos por nuestra Constitución Española (arts. 33 y 38 CE). Equivale a una expropiación forzosa porque instaura unas restricciones tan severas al legítimo derecho de propiedad que prácticamente lo vacía de contenido, expropiándolo de facto y depreciando el valor del inmueble.

El Anteproyecto no propone absolutamente ninguna medida real de promoción de viviendas para solucionar el problema de la falta de vivienda en Canarias. El Gobierno de Canarias no solo lleva 15 años sin hacer su trabajo en materia de vivienda, sino que ahora pretende que los demás perdamos las nuestras. Y según datos oficiales, Canarias consta de más de 211.000 vacías.

En definitiva, se trata de una Ley antivivienda vacacional en Canarias, el más duro y restrictivo de los intentos acometidos hasta ahora por el Gobierno de Canarias desde el año 2015, que va a traer unos claros efectos en los próximos años: 1) Destrucción de más de 50.000 empleos directos. 2) Destrucción de más de 2.700 millones de euros anuales que se generan de manera directa y que se quedan íntegramente en Canarias. 3) Miles de pequeños autónomos y pequeñas empresas locales intermediadoras se verán abocadas al cierre. 4) Se van a vender las propiedades a inversores extranjeros que operarán con impunidad desde fuera de nuestro país escapando al control del Gobierno de Canarias. 4) No va a solucionar el problema de la escasez de vivienda y encarecimiento del precio del alquiler.

Otras ciudades como Barcelona, que está en moratoria técnica de viviendas turísticas desde 2017, siguen sufriendo este problema. Más reciente, la ciudad de Nueva York que en septiembre de 2023 dictó una norma ampliamente restrictiva, continúa con la escalada de precios de los alquileres. La solución es otra: promover más vivienda pública, incentivar la construcción de vivienda privada a precios asequibles, establecer un marco jurídico seguro y fiable para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración garantizando incluso por el propio Gobierno el pago de las rentas para que las familias más necesitadas accedan en igualdad de condicione