En concreto, la asociación denuncia la vulneración del art. 15.7 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior que establece la obligatoriedad de los Estados miembros de la UE de notificar a la Comisión cualquier nueva disposición legal, reglamentaria o administrativa en la que se prevean requisitos que limiten o restrinjan la libre prestación de servicios, como ocurre con la nueva pretendida regulación sobre las viviendas vacacionales en Canarias.

Esta cuestión ya fue puesta de manifiesto por la propia Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE del Gobierno de Canarias durante la fase de tramitación del Anteproyecto de Ley; sin embargo, la Consejería de Turismo hizo caso omiso a la Consejería citada vulnerando, como se ha dicho, una obligación elemental establecida en el marco de la Unión.