La decisión de sacar a la venta a través de una web un total de 30.000 acciones para financiar el proyecto Mimiland, junto con la solicitud al Cabildo por parte de otro grupo de inversores para que avalara financieramente y se comprometiera a respaldar económicamente otro proyecto previsto en la zona, ha hecho dudar a la Corporación insular de la solvencia y seriedad de estas actuaciones, tal y como se trasladó en su momento al propio Ayuntamiento. 
Estos hechos se agravan ahora con la oposición del PP a una Ley que pretende proteger y restaurar los barrancos, impulsando un desarrollo sostenible en la zona y que ha  promovido esta corporación con el apoyo unánime de todos los grupos en el Pleno celebrado el pasado mes de julio. 
El Cabildo está abierto a inversiones que generen desarrollo y empleo en la comarca, pero no a cualquier precio y con proyectos de dudosa credibilidad. La Corporación insular apuesta por inversores fiables y con solvencia económica capaces de llevar a cabo iniciativas sostenibles en zonas apropiadas para el desarrollo turístico en el municipio -compatible con las actividades agropecuarias que en este ámbito se vienen desarrollando y apostando por la desaparición definitiva de las actividades mineras- pero no a costa de continuar degradando una zona ya esquilmada.
El Cabildo de Tenerife seguirá trabajando de manera intensa para que en Güímar no se sigan extrayendo áridos, algo que el propio presidente de los populares tinerfeños, Manuel Domínguez, reconoce en sus últimas declaraciones cuando afirma que mientras no exista una ley se puede seguir extrayendo, posicionándose así junto a los propios areneros. 
Los barrancos de Güímar quedarán definitivamente protegidos solo a través de la Ley, que es en estos momentos  la única vía posible paras evitar que se puedan repetir extracciones como las que han degradado una zona que se quiere preservar  y recuperar a toda costa, al margen de cualquier otro interés. 
El resto de planteamientos son solo conjeturas e improvisaciones sin una base jurídica que asegure definitivamente estos terrenos. El Cabildo lleva analizando desde hace ocho años todas las opciones para asegurar este ámbito y los técnicos han descartado que con la modificación del PIOT se preserve el territorio. Es más, los expertos concluyeron que esto solo es posible a través de una Ley como la que estamos promoviendo. 
El Cabildo impulsó hace un año la iniciativa legislativa que permitirá sustituir la categoría de ámbito de extracción minera por suelo rústico de protección ambiental, permitiendo así su completa restauración paisajística compatibilizándola con otros usos agrícolas o de interés general. La única intención del Cabildo es la de beneficiar a los güímareros que durante demasiados años han tenido que soportar esta actividad sin obtener beneficios para su municipio. Y ese beneficio viene de la mano de una planificación ordenada del territorio que compagine las posibilidades turísticas de la costa con la recuperación ambiental del espacio degradado compatible con otros usos agrícolas. 
Desconocemos los motivos políticos o económicos que han llevado al PP a separarse de este acuerdo unánime del Cabildo, pero no deberían poner como excusa el desarrollo del municipio con un proyecto cuya financiación depende de acciones de dudosa fiabilidad. 
La tramitación de la Ley sigue en marcha y es más, el Cabildo ya ha solicitado al Parlamento de Canarias que agilice el procedimiento de la iniciativa legislativa sobre la ordenación de los barrancos de Güímar y la restauración de ese espacio para recuperar los valores ambientales que lo caracterizaban.