Güímar
Los movimientos de tierra que realiza el nuevo dueño de la cantera de los
Desde 2005 está prohibido extraer áridos de las canteras de los barrancos de Güímar sujetas a un procedimiento judicial que terminó en 2016 con la condena de cuatro empresarios areneros -y un quinto que falleció antes del juicio-. En el caso de la denominada Badén, de los hermanos Morales entonces, y ahora propiedad de Fernando Díaz, transportista constructor de La Medida, este asegura que sigue precintada, que los movimientos de tierra denunciados por los vecinos de San Juan se hacen fuera de la cantera, justo al lado de la carretera, en una zona que desde 2008 quedó fuera del precinto.
Vecinos de San Juan denunciaron la semana pasada en este periódico esos trabajos ante la Policía Local que se personó en la zona, y una vez confirmar que efectivamente tres grandes palas estaban trabajando en la cantera, procedieron a levantar acta y posteriormente los operarios pararon las máquinas.
Esta cantera, una de las más grandes junto a la de Antonio Plasencia, denominada de Badajoz, fue vendida por los Juan Enrique Morales a Fernando Díaz hace unos años.
El nuevo propietario afirma que tiene permiso para "apilar" tierra, pero sin embargo, los vecinos insisten que en la cantera se están sacando camiones de tierra, algo que estos consideran ilegal.
Fernando Díaz, no obstante, ha asegurado a Sol del Sur Tenerife que "no hemos levantado el precinto y nuestros trabajos se realizar en la zona fuera de la cantera, teniendo los permisos para acopio de material de construcción", señaló el nuevo propietario del suelo, quien además recordó que "ese suelo sigue siendo de uso minero".
Hay que recordar que los cuatro empresarios areneros se enfrentan al pago de 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos, una vez agotados todos los recursos ante la Justicia y no poder hacer frente a la restauración del terreno, como dictó la sentencia de enero de 2016. De los cuatro, solo Francisco del Rosario y Pedro Sicilia han cumplido prisión, mientas que Antonio Plasencia y Enrique Morales tienen que abonar 66,4 y 62,9 millones respectivamente.