El sector agroalimentario tiene un valor estratégico para la economía española por su aportación al PIB y también desde el punto de vista social y medioambiental. El reflejo de ello es que en los momentos más duros de la pandemia se declaró actividad esencial demostrando así su importancia para la subsistencia de las personas. De hecho, en nuestro país hay más de un millón de explotaciones agrarias que dan empleo a más de 2 millones de personas, y más de 8.800 buques pesqueros, un sector que está conformado fundamentalmente por pymes y que contribuye casi con un 10% al PIB. Unos datos que muestran no solo la relevancia del sector en la economía sino la importancia para la cohesión social y territorial de España.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la “Ley de Vivienda” toca el trámite parlamentario, que será por procedimiento de urgencia a solicitud del Gobierno, porque esta es una norma muy esperada por la ciudadanía.  Sinceramente, espero que se alcance el máximo consenso posible durante este trámite parlamentario, porque esta ley es una herramienta que beneficiará a todo el mundo y nuestra obligación es garantizar el derecho a la vivienda digna, para que de una vez por todas, la vivienda deje de ser un lujo solo al alcance de unos pocos. No podemos olvidar a las miles y miles de personas a las que resulta imposible acceder a una vivienda en nuestro país. 

El Gobierno de España cumple. El presidente Sánchez se comprometió a que España sería un país más digno y toda la acción del Gobierno se incardina precisamente en mejorar y dignificar la vida de las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna es un problema que afecta a miles de personas en nuestro país. La falta de oportunidades en algunas ocasiones hace que lleguen a vivir en la calle, en una tienda de campaña o lugares insalubres. Desgraciadamente, incluso familias con menores. Esto no es un problema reciente sino un problema que se intensificó con la crisis del año 2008 y la reforma laboral del Gobierno del PP en el 2012, que precarizó el empleo devaluando salarios, agravando el problema de la vivienda en España incluso a trabajadores y trabajadoras precarios. Pero es a raíz de la crisis  causada por la pandemia que se ha demostrado aún más que la vivienda es el soporte para el desarrollo de otros derechos fundamentales.

Después de quince años en este país se ha alcanzado un acuerdo entre el Gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar el modelo laboral, y creo que a nadie se le escapa cuánto de difícil es poner de acuerdo a todas las partes en una materia como esta. De hecho, han sido nueve meses de negociaciones donde todas las partes han tenido que ceder para alcanzar el mejor acuerdo, una reforma laboral acorde al momento que vivimos, para que sea la herramienta adecuada para una recuperación justa modernizando el mercado laboral de nuestro país. Por tanto, estamos ante un acuerdo histórico. 

Nadie pondrá en duda que la violencia más despreciable es aquella que tiene como víctimas a los más vulnerables. Este es el caso de cualquier forma de violencia que se ejerza sobre las personas menores de edad, una violencia que puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, como puede suceder en los entornos familiar y escolar, espacios en los que pueden tener lugar estos actos violentos con mayor frecuencia.  

Cada año, en nuestro país, se interponen miles de denuncias por delitos violentos contra menores de edad.  

Hoy me siento muy satisfecha por poder votar a favor de una ley que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral para los niños y niñas. Esta ley que aprobamos hoy en el Senado es una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno sociosanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos. 

Como cada 30 de noviembre desde el año 1988, ayer se celebraba el Día Internacional de la Seguridad en la Información, una iniciativa que surgió de la prestigiosa asociación internacional de profesionales, investigadores y formadores de informática ACM (Association for Computer Machinery), con el objetivo de realizar acciones conjuntas a nivel institucional, educativo y en las empresas y así  concienciar de la importancia de proteger la información a través de una serie de medidas de seguridad en los sistemas. 

Los tiempos cambian a velocidad de crucero y en el contexto que estamos viviendo, marcado por una pandemia sin precedentes en los últimos cien años, hemos visto cómo de un día para otro se tuvo que acudir al teletrabajo, estableciendo esta modalidad como preferente. Hasta la crisis sanitaria, el teletrabajo apenas estaba implantado en España. Sin embargo, y según refleja la encuesta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, un 30,7% de las personas trabajadoras en España trabajaron en sus hogares durante el confinamiento. Así pues, de la misma manera que los tiempos cambian, deben aprobarse también leyes acordes a las nuevas realidades.

¿Recuerdan aquella despreciable frase “que caiga España que ya la levantaremos nosotros”? Era el año 2010, esta frase pronunciada por Montoro refleja la actitud despreciable de la derecha española en plena crisis económica. El PP estaba más entretenido en hacer caer al gobierno de España que en arrimar el hombro para que la sociedad española no sufriera los duros golpes que trajeron esa crisis.

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley que deroga el artículo 52 apartado d) del Estatuto de los Trabajadores, que contemplaba el despido procedente por bajas médicas justificadas y lo remitió al Congreso. Esta derogación está en vigor ya, aunque al tramitarse como proposición de ley, se permitía presentar enmiendas para su modificación. De hecho, VOX intentó tumbar esta iniciativa con una enmienda a la totalidad. Finalmente esta semana el pleno del Congreso aprobó este proyecto de Ley sin ningún cambio y lo ha remitido al Senado. Y es una muy buena noticia porque restituimos derechos a la clase trabajadora. Nuestro país avanza en la defensa de los derechos fundamentales.

Cada año en nuestro país se interponen miles y miles de denuncias por delitos violentos contra menores de edad.  Incluso a principios del año 2018, Naciones Unidas en el informe en relación a la  evaluación de España sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño ponía de manifiesto graves disfunciones en el sistema de prevención de la violencia y de los abusos sexuales que sufren los menores de edad y pidió a nuestro país la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia sobre la Infancia.

Este viernes 29 de mayo es un día que permanecerá siempre en mi memoria como el día en que nuestro país dio un paso más en la senda de la inclusión. 

En nuestro país fruto de las políticas de recortes y la reforma laboral del PP, la desigualdad se acrecentó. Incluso el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y desigualdad, en una visita a España a principios de año, puso de manifiesto la situación de pobreza y desigualdad. En el año 2018, el 26,1% de las personas y el 29,5 % de la infancia se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de mi tierra, Canarias, la situación es incluso peor, las causas fundamentales son el elevado desempleo juvenil y los empleos precarios mal pagados, a tiempo parcial o temporales.