“El Gobierno de Clavijo no tiene la voluntad política de respaldar a las víctimas de agresiones sexuales”

Corujo hizo estas manifestaciones a la vista del aumento del 32,9 por ciento, en el primer trimestre del año, de los delitos contra la libertad sexual, lo que se traduce en 46 casos más sobre el mismo periodo del año anterior. Como recordó, desde la tramitación de la ley de crédito extraordinario en julio de 2017, el PSOE intentó dotar la creación de oficinas de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales.

Cuando esta petición resultó rechazada, el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley que contó con el apoyo unánime de la Cámara para solicitar al Gobierno de Canarias la puesta en marcha, este año, de un servicio integral de atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales que contemple, al menos, su acompañamiento y asesoramiento jurídico, psicológico y social. Para ello, se pedía la dotación económica adecuada en los presupuestos vigentes y que el recurso estuviese disponible en las siete islas con personal especializado y multidisciplinar.

El PSOE ha preguntado los motivos por los que esta iniciativa no se ha cumplido, a lo que el Gobierno canario ha respondido que la intención es aprovechar la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género para ofrecer el servicio. “Sin embargo, a día de hoy no ha sido creado a pesar de que en febrero de este año, el consejero de Presidencia actualizó los convenios con los cabildos para la financiación y atención que prestan los Demas, sin que la atención por agresiones sexuales se incluyese”, explica la portavoz parlamentaria.

Corujo insiste en esa falta de interés del Ejecutivo de CC y subraya que la experiencia en materia de violencia de género ha demostrado que un sistema de atención integral a las víctimas no solo hace que se sientan respaldadas, sino que garantiza en mayor medida que se adopten unas medidas cautelares más efectivas y un mayor nivel de sentencias condenatorias.

Al respecto, considera que si así ha podido ser con las víctimas de violencia de género, también puede hacerse con las de agresiones sexuales si existe esa voluntad política. “No solo es una cuestión de medidas legislativas o de decisiones a adoptar en el seno del Consejo General del Poder Judicial, sino que las comunidades autónomas pueden y deben jugar un papel en esto”, remarca.