Guía de Isora

Acerina González, exconcejal del PP en Guía de Isora, denuncia ante Trabajo el acoso laboral sufrido

Acerina González habló largamente de las secuelas del acoso laboral que dice haber sufrido

Acerina González, exconcejala de Servicios Sociales del Partido Popular en Guía de Isora, y actualmente edil no adscrita, siete meses después de denunciar en rueda de prensa el acoso laboral que sufría en el Ayuntamiento ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde detalla el acoso sufrido y las consecuencias físicas y psicológicas que ha sufrido en los dos últimos años.

El comunicado completo de la exconcejala popular es el siguiente:

"Hoy, 29 de enero de 2026, yo, Acerina González Prieto, concejala no adscrita del  Ayuntamiento de Guía de Isora, hablo públicamente no desde la confrontación, sino desde el dolor, el cansancio extremo y la necesidad de proteger mi dignidad.

Nunca pensé que tendría que llegar a este punto. Nunca pensé que ejercer un cargo público pudiera acabar convirtiéndose en una experiencia de miedo, desgaste psicológico y anulación personal. Nunca pensé que al pedir ayuda tantas veces acabaría encontrando como única respuesta el silencio.

Tras meses de sufrimiento continuado, me he visto obligada a acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para relatar una serie de hechos vividos durante el ejercicio de mis funciones públicas. Hechos que no solo han vulnerado mis derechos laborales, sino que han quebrado mi dignidad personal y profesional, y han afectado gravemente al personal municipal que estaba bajo mi responsabilidad.

Acerina ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde entregó su denuncia.

Durante todo este tiempo intenté resolver la situación de forma leal, discreta y responsable. Pedí reuniones. Hice llamadas. Busqué amparo institucional. Confié en quienes tenían capacidad de decisión. Esperé. Lo hice porque creía en las instituciones. Lo hice porque pensaba que nadie permitiría 
que una situación así se prolongara. Lo hice porque quería seguir trabajando con normalidad. Ese amparo nunca llegó.

A pesar de las palabras tranquilizadoras, de los compromisos verbales y de los gestos de apoyo, no se adoptó ninguna medida real y efectiva para frenar el acoso sufrido. La 
inacción prolongada me fue dejando, poco a poco, en una situación de abandono absoluto, de indefensión, de sentir que estaba completamente sola frente a una estructura que miraba hacia otro lado.

El acoso no fue puntual ni anecdótico. Fue constante y progresivo. Se manifestó a través del menosprecio reiterado, la desautorización sistemática, el vaciamiento intencionado de mis funciones, el aislamiento profesional y el descrédito personal y profesional. Día tras día, ese entorno fue volviéndose hostil, humillante y profundamente degradante, hasta afectar de forma grave a mi salud psicológica.

A comienzos del año pasado, el agotamiento físico y emocional ya era evidente. Resistía como podía una violencia silenciosa, persistente, que iba erosionando mi autoestima y mi estabilidad personal. Esta situación se agravó aún más con la negativa a facilitar espacios adecuados para la incorporación de nuevo personal, generando hacinamiento, sobrecarga de trabajo y un deterioro evidente del servicio público. Paralelamente, se me comunicó una reducción de funciones, siendo la única integrante del partido sometida a esta medida, lo que intensificó la sensación de invisibilización, señalamiento y desprotección. Finalmente, mi cuerpo y mi mente dijeron basta.

A finales de febrero del año pasado me vi forzada a causar baja laboral e iniciar tratamiento psiquiátrico y terapia psicológica. No fue una decisión voluntaria. Fue una consecuencia directa de una situación insostenible. El daño no fue pasajero. Tal y como acreditan los informes médicos, las secuelas persisten hasta hoy, afectando gravemente a mi salud, a mi vida personal y a mi capacidad para desarrollar mi actividad profesional con normalidad.

Este clima laboral no solo me destruyó a mí. También provocó la baja médica de mi asesora, víctima de vejaciones y de una sobrecarga de trabajo inasumible. El malestar se extendió al conjunto del área, obligando al personal a trabajar en un ambiente de tensión constante, incomodidad y miedo, lo que acabó provocando la marcha de parte del equipo ante la falta de recursos, apoyo institucional y condiciones mínimas de dignidad.

Hoy doy un paso más, no por venganza, no por rencor, no por confrontación política. Lo doy porque nadie debería enfermar por hacer su trabajo. Porque el acoso laboral no puede normalizarse, y menos aún en el ámbito público. Porque el silencio institucional también daña, también hiere y también deja secuelas.
Este comunicado y la denuncia presentada son el paso previo a las acciones legales y civiles necesarias. No busco causar daño. Busco justicia, reparación y, sobre todo, que nadie más tenga que recorrer el mismo camino de miedo, desgaste emocional e indefensión que yo he recorrido.


Mi voluntad siempre fue el diálogo y la búsqueda de soluciones. Pero cuando el silencio se prolonga, cuando la protección nunca llega y cuando la dignidad se quiebra, defenderse deja de ser una opción y se convierte en una obligación. Hablar hoy es un acto de dolor pero también es un acto de dignidad".

Apunta a Carlos Álvarez

Hay que recordar que, aunque en el comunicado no señala directamente a los responsables de este presunto acoso laboral, en la rueda de prensa del pasado julio, en la que expuso públicamente los hechos, apuntó al actual portavoz del PP en el municipio, Carlos Álvarez, como figura central en el conflicto, así como los otros dos ediles populares en el Gobierno que preside la nacionalista Ana Dorta, recién incorporada al Ayuntamiento tras unos meses de baja médica.

En aquella ocasión, cuestionó la mediación fallida de dirigentes de su partido, como Emilio Navarro, Manuel Domínguez o Lope Afonso, a quienes acusó de cerrar el caso exigiéndole entregar su acta de concejala y “tachándola de tránsfuga”.