Agotados los recursos, los areneros de Güímar deben pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos
Esta vez, después de veinte años de proceso judicial y ocho del juicio, parece la definitiva, que se cumplirá la sentencia del caso Áridos, aquel que condenó a los empresarios areneros por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.
Dos de ellos, los que aún mantienen su titularidad sobre los hoyos y fueron los recurrentes, Antonio Plasencia y Enrique Morales, tendrán que abonar 185 millones de euros al Gobierno de Canarias para que sea este quien restaure – si puede – el daño medioambiental causado desde la década de los setenta a inicio del presente siglo.
En caso de no hacerlo, el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, exige al Gobierno canario, a través de la Agencia Tributaria, que ejecute los embargos de propiedades a los condenados y ese dinero “si no se puede regenerar el terreno, al menos sirva para generar riqueza a Güímar”, señala.
En la sentencia de enero de 2016 se condenó a Plasencia al pago de 66,4 millones y a Enrique Morales a 62,9, mientras que el resto hasta 214 millones correspondían a Francisco del Rosario y Pedro Sicilia, quienes ya han cumplido prisión. En quinto arenero, Fulgencio Díaz, falleció antes del juicio.
Si bien los condenados en el juicio que tuvo lugar en enero de 2016 todavía podrían presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la opinión del letrado Álvarez es que la última sentencia del TSJC, que ratifica el fallo del TS, sea la definitiva en un caso que comenzó con una denuncia de un agricultor (Jesús Segundo Jorge) y un edil de PNC (Francisco Hernández Armas) en 2005, por no atender a las requerimientos de clausura de las canteras iniciados en 1999. Hasta 2007 se siguió extrayendo áridos de algunas de las canteras.
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido la semana pasada dos sentencias por las cuales rechaza la petición de dos empresarios de restaurar los barrancos de Güímar, en Tenerife, y ratifica que deben abonar una indemnización.
Los recurrentes demandaron a la Consejería de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Güímar desde donde se defiende que deben cumplir el fallo firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga a los procesados a pagar casi 185 millones de euros por el daño causado en ese enclave.
El Gobierno autónomo declaró en su momento la “imposibilidad de ejecutar los trabajos de restauración” en los barrancos afectados. Por ello, el TSJC reitera a los recurrentes, que son dos de los cuatro empresarios condenados, que deben desembolsar una indemnización, tal y como se fijó en 2021 en un auto de la Audiencia Provincial, con el fin de “restablecer el equilibrio ecológico perturbado”.
El TSJC recuerda que los argumentos presentados por estos empresarios “han perdido relevancia”, una vez que en que la vía penal ya se resolvió sobre la posibilidad de reponer la realidad física alterada por los delitos ecológicos cometidos.
De este modo que los condenados “tienen el deber de indemnizar y no de reparar como intentaron en su momento cuando presentaron un plan de restauración que fue rechazado en 2021 por el Gobierno, decisión que avaló también el TSJC.
A finales del pasado año el Tribunal Supremo emitió una sentencia que ratificaba las condenas la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a los cuatro empresarios, y les obligaba a pagar los casi 185 millones de euros, descartando la posibilidad de que hicieran frente a la restauración.
Los tribunales han declarado sucesivamente que durante décadas en ese territorio se extrajeron toneladas de áridos sin control ni respeto hacia el entorno, de manera que causaron un daño que resulta imposible de reponer.
Central hidroeléctrica
Ahora, con esos 185 millones de euros, el Gobierno de Canarias podría encarar la construcción de una gran central hidroeléctrica en la zona, capaz de general un tercio de la energía que consume Tenerife, así como el encauce de los barrancos. El proyecto cuenta con el visto bueno del Cabildo y Red Eléctrica Española. Curiosamente uno de los hoyos afectados es de la cantera de Badajoz, propiedad de Plasencia, quien ya en su plan de regeneración presentaba la construcción ahí de una gran balsa y de olivos.