Desalojo de tres vecinos de Las Bajas por saltarse el precinto de las viviendas y la Policía Local mata a un perro
La Policía Local de Güímar ha desalojado esta mañana a las tres personas que se habían saltado el precinto de la veintena de casas de Las Bajas por un decreto de Alcaldía, tras la pertinente autorización judicial. Las casas, algunas de ellas cuevas, de Las Bajas fueron desalojadas en marzo de 2021 por unas obras de emergencia que iban a durar cuatro meses y que en septiembre de ese año quedaron paralizadas por sobrecoste.
A pesar de que se realizó el 85% del proyecto para asegurar el talud de los túneles de Güímar (TF-1) y el camino de Las Bajas que une Punta Prieta con El Puertito, lo cierto es que esa zona lleva precintada desde hace más de cuatro años, aunque algunos de los vecinos -cinco familias que tienen allí su única morada- han decidido en ese tiempo regresar a sus viviendas, como son los casos de Honorio, Janet y Ramón, quienes fueron desalojados por los agentes policiales, siendo trasladados hasta la casona de Santo Domingo, hasta que puedan encontrar otro acomodo de aquí al viernes. Janet Pablos agradeció el detalle al Ayuntamiento del alojo provisional, porque "pensaba que me iba a quedar en la calle", mientras Honorio, tras curarse las heridas que le ocasionó su perro en el Hospital Universitario de La Candelaria, se mostraba receloso mientras buscaba un bar para comer estos días.
A Honorio Bermúdez, de 74 años, le embargaba el desánimo, según contó una vecina, por la muerte de su perro a manos de la Policía, que tuvo que abatirlo porque se mostró agresivo, de tal forma que hizo daño a su propio dueño. La vivienda de Honorio, que lleva ahí más de treinta años, está a más de 300 metros del supuesto risco no estabilizado. Según los comentarios en redes sociales, Honorio dispone de otras propiedades, aunque su familia a tenor de esas opiniones está seriamente desestructurada.
El entonces alcalde (2019-2021), Airam Puerta ordenó el desalojo de Las Bajas para realizar obras de emergencia en un talud situado entre el camino y los túneles de Güímar. Unas obras con hormigón proyectado y mallas metálicas que teóricamente iban a durar cuatro meses -así les prometió a los vecinos el Ayuntamiento- y que se vieron paradas, con el 85% del trabajo realizado, cinco meses después de iniciadas, por el sobrecoste de las mismas que Intervención y Secretaría municipal se negaron a pagar. El presupuesto aprobado era de 342.000 euros y la empresa pasó certificaciones por encima del millón de euros.
Ese asunto se judicializó -el Ayuntamiento tiene que abonar casi medio millón de euros a la empresa- y la obra no está recepcionada, por lo que el Consistorio mantiene el precinto de la zona por “inminente riesgo de derrumbe”, según el requerimiento enviado a los vecinos que se “han atrevido” a regresar a sus casas pese a la nueva señalización de prohibido, además de colocación de barreras new jersey para impedir el paso sobre los callaos de los vehículos, como se hacía antes a esa obra que se ha eternizado.