Tampoco tiene justificación que el pretexto para no renovar el COGPJ, incumpliendo el plazo constitucional de cinco años, sea exigir que para ello se modifique la LOPJ con el objeto de que los 12 vocales procedentes de la Carrera Judicial sean elegidos por los propios Jueces, ignorando que el primer CGPJ, elegido por los jueces y Magistrados, que en realidad eran criptomilitantes de un partido político, fue el más político partidista de todos los CGPJ posteriores, como lo prueba la carga ideológica de los documentos y resoluciones que dimanaron del mismo.

No está claro que este modelo de elección por los pares sea el que ha establecido la Constitución ya que el artículo 122.3 de la misma lo que dice es que los doce Vocales de la Carrera Judicial son elegidos “entre Jueces y Magistrados”, pero no “por Jueces y Magistrados”. Tampoco se sostiene que Europa exija este sistema, ignorando que, en Francia el Consejo Superior de la Magistratura, lo preside el Presidente de la República, y el ministro de Justicia es su Vicepresidente; y en Italia el Consejo lo preside el Presidente de la República y el Procurador de la Corte de Casación; y que tanto la Justicia como todos los poderes constitucionales del Estado, entre los que está el CGPJ(artículo 59.1.c de la LOTC), dimanan del pueblo español (artículos 1.1 y 117.1 de la C.E.)

El segundo error que venía cometiendo el PP en los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, es designar a algunos de dudosa reconocida competencia, y a otros vinculados al Partido Popular, por haber ocupado cargos públicos nombrados por dicho partido o realizado actividades profesionales o políticas para el mismo.

A estos errores se añaden otros errores reaccionales del PSOE. El primero, es designar como Magistrados del Tribunal Constitucional a un ex ministro y a una ex directora general, con lo cual ha perdido legitimidad moral para criticar al PP por hacer lo mismo y por no haber renovado el CGPJ. Para afirmar esto creo que estoy legitimado moralmente, por ser, probablemente, uno de los contados Magistrados españoles, si no el único, que no regresó a la Carrera Judicial tras haber ocupado altos cargos como militante del PSOE, motivado por la tradicional ética profesional y socialista, lo que me obligó a ejercer la abogacía, a pesar de lo duro y difícil que es después de haber ejercido como Juez.

Creo que los Jueces que han ocupado cargos políticos como militantes de un partido, no debieran volver a la Carrera Judicial, al haber perdido la imparcialidad ya que ser imparcial no consiste en serlo sino en parecerlo. ¿Cómo puede confiar un justiciable en la imparcialidad de un juez que ha ocupado cargos políticos como militante de un partido político?

El segundo error del PSOE es haber aprobado en el Congreso tres Leyes Orgánicas: La de reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar las penas del delito de malversación de fondos públicos, y la LOTC y la LOPJ, mediante un procedimiento legislativo tramitado con carácter de urgencia, iniciado por una Proposición de Ley con enmiendas, como la reforma de la LOTC y de la LOPJ, que nada tienen que ver con el Tribunal Constitucional y con el CGPJ, lo que vulnera el derecho fundamental a participar en asuntos públicos proclamado en el artículo 23 de la Constitución, aparte de que son reformas “ad hominen”, para favorecer a los socios independentistas catalanes del gobierno, que, Alfonso Guerra, con acierto, ha calificado como una forma de corrupción.

Frente a los anteriores errores del PSOE y del gobierno de coalición que conforma, el Partido Popular cometió el error de interponer un recurso de amparo contra la Proposición de Ley aprobada en el Congreso con vicios de nulidad, en el que el Tribunal Constitucional, estando su Presidente y un Magistrado con el mandato prorrogado, en los que, además, concurría una causa de abstención por tener interés directo en el recurso, cometió el error de adoptar legalmente la media cautelarísima de suspender “inaudita parte”, sin oír al Ministerio Fiscal y al Congreso, como mandata el artículo 56.4 de la LOTC, el procedimiento legislativo para la aprobación de las reformas de las leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del CGPJ en el Senado, lo que ha ocasionado un conflicto de poderes, crisis institucional y política, sin precedentes, y desconfianza en la Justicia.

Para paliar este error,-que ha producido el nocivo efecto político de que la militancia silente socialista, contraria al gobierno de coalición, cierre filas a favor de Pedro Sánchez,- el gobierno de coalición cometería otro error si, en vez de iniciar un procedimiento legislativo mediante un Proyecto de Ley, previos los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal, vuelve a tramitar una Proposición de Ley, esta vez sin enmiendas viciadas de nulidad, para aprobar de nuevo la reforma de la LOTC y la LOPOJ, al tener mayoría parlamentaria, contra la que sólo se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad , sobre todo, ahora, cuando el CGPJ , ha logrado tardíamente nombrar por unanimidad impidiendo, de este modo, que el Parlamento acabara de conformar su voluntad, asumiendo así una competencia de la que carece y, impidiendo que el órgano legislativo desempeñe la suya propia, lo que ha ocasionado un conflicto de poderes, crisis institucional y política, sin precedentes, y desconfianza en la Justicia.​

Para paliar este error,-que ha producido el nocivo efecto político de que la militancia silente socialista, contraria al gobierno de coalición, cierre filas a favor de Pedro Sánchez,- el gobierno de coalición cometería otro error si, en vez de iniciar un procedimiento legislativo mediante un Proyecto de Ley, previos los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal, vuelve a tramitar una Proposición de Ley, esta vez sin enmiendas viciadas de nulidad, para aprobar de nuevo la reforma de la LOTC y la LOPOJ, al tener mayoría parlamentaria, contra la que sólo se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad , sobre todo, ahora, cuando el CGPJ , ha logrado tardíamente nombrar por unanimidad​ a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Casi todas las fuerzas políticas, e, incluso, los Vocales del CGPJ y los Magistrados del TC, dicen defender el Estado de Derecho y la Independencia Judicial, pero todos se han concitado para menoscabarla.

Mi pertenencia a la Carrera Judicial , y el haber ejercido como abogado, ocupado altos cargos en el Poder Judicial, como Vocal del CGPJ, Fiscal General del Estado, y cargos en el Poder Ejecutivo y Legislativo, me permite afirmar, sin ditirambo y sin corporativismo, que la mayoría de los Jueces españoles, no designados por el CGPJ, sino en virtud de su antigüedad o especialidad, son profesionalmente honestos, independientes y competentes que, con escasos medios, hacen Justicia todos los días, de acuerdo con la Ley , e incluso, a pesar de la Ley, y hasta falta de la Ley, pero nunca contra la Ley, sin regatear esfuerzos y sacrificios laborales y, sobre todo, éticos.

No son, en absoluto, responsables de la mala imagen de la Justicia que ha transmitido el CGPJ, el Tribunal Constitucional, los políticos y las Asociaciones Judiciales, ya que algunos de sus miembros hacen política amparados en la toga, convirtiéndolas en correas de transmisión de algunos partidos políticos, contribuyendo así a politizar la Justicia y a que los medios de comunicación hayan consagrado la nefasta distinción entre jueces conservadores y progresistas que no se corresponde totalmente con la realidad social y profesional, pues a lo largo de mi ya dilatada experiencia profesional y política he conocido jueces considerados progresistas, que son auténticos inquisidores, como algunos jueces que el profesor Alejando Nieto en su libro “el desgobierno judicial” califica de “justicieros”, psicópatas que han perdido el sentido de la realidad, o “estrella”, egocéntrico y narcisista, venidos a menos, que pretende salvar al mundo a través de su Juzgado; y jueces considerados conservadores, que son justos, realizadores personales y directos de la Justicia del caso singular, que es lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos justiciables.

 

* Presidente de la Sociedad Civil de Canarias.
Abogado en ejercicio y Magistrado jubilado.
Ex fiscal general del Estado y ex miembro del Consejo de Estado
Ex diputado en el Parlamento de Canarias.
Ex Gobernador Civil de S/C de Tenerife y Delegado del Gobierno en Canarias. Ex miembro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Académico de la Academia Canaria de la Lengua.
Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (ULL)
Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo. Vicepresidente de la Fundación Juan Negrín.
Militante socialista.
Cristiano militante.