En el ámbito de los centros de mayores nos basta con bucear un poco en la hemeroteca y de inmediato comprobamos la barra libre que se instaló en este sector no solo en España, en toda Europa. El titular del 27 de julio de 2021 en el diario digital Infolibre no deja lugar a dudas2: “Las residencias de mayores en Europa: Máquinas de hacer dinero para empresas e inversores”. “Los problemas con las multinacionales del sector son idénticos por toda Europa: una escasez endémica de personal, falta de control público sobre el servicio que prestan y ejecución de prácticas de ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos”.

Y para ver esta problemática con más detalle vamos a cerrar el foco, como haremos en capítulos venideros cada vez que podamos, recordando ese lema ya famoso del movimiento altermundista que nos invita a pensar globalmente pero nos pide que actuemos localmente. Retrocedemos así para comprobarlo al año 2016, en el mes de mayo, en Santa Cruz de Tenerife.

La señora María vecina de la ciudad contacta con la Plataforma por la Dignidad (colectivo en el que participaba desde su creación en el año 2011), para contarnos y probarnos con infinidad de documentación médica y audiovisual que su madre, octogenaria ingresada en el Centro Sociosanitario Santa Cruz, el antiguo Hospital Militar, presenta laceraciones graves por cortes al ducharse, moratones diversos, infecciones de orina frecuentes y alimentación muy deficiente. María afirma que las lesiones y deficiencias de su madre son provocadas por la falta de personal del centro y el poco presupuesto destinado a recursos, asuntos por los que ha puesto reclamaciones oficiales y no le han hecho caso.

Nuestra manera de proceder, como siempre, comprobamos la veracidad de lo que denuncia y recopilamos otros casos de ancianos que han sufrido situaciones similares o aún peores en centros sociosanitarios gestionados por la misma empresa privada en la isla, por otras empresas o incluso públicos directamente.

Revisamos también la legislación vigente y comprobamos que la normativa autonómica que regula los centros de mayores lleva incluida la trampa legal en su articulado, planteando unas ratios determinadas aparentemente aceptables para el personal especializado que debe cuidar de los ancianos, para seguidamente afirmar en otro artículo que para el cómputo de las ratios se podrán incluir todas las personas que trabajan en el centro (Artículo 17 apartado 7 del DECRETO 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias: En el cálculo de las ratios se incluirá todo el personal que trabaje habitualmente en el centro, con independencia de su relación contractual.), es decir, aunque sean oficinistas, jardineros, cocineros, limpiadores, el gerente o los vigilantes, que nada tienen que ver con el cuidado de los ancianos.

Dada la gravedad de lo que observábamos remitimos escrito al Presidente del Cabildo de Tenerife responsable último de los centros, de Coalición Canaria por entonces, además de informar a todos los grupos de la oposición. Nunca llegó una reunión con presidente alguno, solo una llamada de la responsable del Instituto de Atención Social del Cabildo (IASS) negando todo lo que denunciábamos, y una reunión con una consejera insular y varios diputados autonómicos de Podemos que miraron convenientemente para otro lado porque aquello les venía grande.

Ante la falta de respuestas y soluciones nos fuimos a los medios de comunicación con toda la documentación, las fotos y los familiares afectados, el asunto interesó inicialmente, nuestra denuncia iba a salir a toda página en el periódico más leído de Canarias, además de otros digitales, radios y televisiones que vendrían en cascada una vez publicado en la prensa. Pero todo se cayó cuando la tarde antes de las publicaciones, informados en el Cabildo comenzaron a amenazar a los medios con querellas si se atrevían a publicar algo. Finalmente sólo algunos digitales no comprados informaron3, y pasadas unas semanas, ante la falta de implicación de unos y de otros nuestra denuncia terminó en vía muerta. Lamentablemente no conseguimos cambiar la ley trampa y poco pudimos mejorar la situación personal de los ancianos cuyos familiares denunciaban. Una realidad dramática y cruel, y un fracaso en nuestra lucha, con diferencia el dolor más grande que arrastro desde entonces como activista social, agravado por lo que vino después.

Porque lo que vino después, en marzo de 2020, fue una pandemia, y llegó el horror, con multitud de residencias de mayores, muchas de ellas con servicios externalizados con empresas privadas, manteniendo a los ancianos en condiciones lamentables por falta de personal y medios. Casualidad, mientras escribo este artículo un amigo me envía un titular del digital Elplural.com de 2020 en el que se lee lo siguiente4: Viggo Mortensen sobre el trato a los ancianos en la Comunidad de Madrid: "Se parece a lo que hacían los nazis". Lo de la Comunidad de Madrid fue sin duda lo más horrendo, pero es que el 8,5% de los ancianos residentes en centros de mayores en España fallecieron por o a causa del covid-19, por abandono o por los triajes en aquellas pocas semanas, muchísimos más que en ningún otro país del mundo, y no eran solo de Madrid. 

Creo que hay pocos ejemplos que reflejen mejor la inmundicia de la política y la deshumanización consciente y galopante de nuestra sociedad. Aunque en España los centros de mayores nunca fueron exclusivamente públicos, no se puede por tanto achacar su mal funcionamiento enteramente a que el servicio esté externalizado o concertado con una empresa privada. Pero sí que es cierto que desde hace ya casi dos décadas los conciertos y privatizaciones han ocupado un papel central en los cuidados de nuestros mayores, tras la aprobación de la Ley de Dependencia en el año 2006, la incorporación de la mujer al mundo laboral y el progresivo envejecimiento de nuestra población por el aumento de la esperanza de vida.

Con todo, saber que nuestros ancianos llevan décadas malviviendo y muriendo amarrados, meados, mal cuidados o mal alimentados en España, con la connivencia o la participación de nuestras administraciones, haciendo incluso trampas en las leyes, con el aceptar y el mirar para otro lado de tanta gente, y saber además que todo esto se ha visto agravado por la generalización de las externalizaciones y los conciertos con empresas privadas que solo buscan el lucro, hasta el extremo de haber padecido en España un auténtico casi exterminio de una parte importante de nuestros ancianos, me provoca una repugnancia y un desprecio de lo más absoluto, hacia nuestra clase política toda y hacia todos los que sabiéndolo consintieron, tanto es así que si este ensayo se está escribiendo y lleva en su título la palabra “deshumanización”, sucede sobretodo porque viví este triste pasaje en mi vida. 

Una vez leí algo escrito en una pared cuando estuve en Senegal, es un texto atribuido al escritor maliense Amadou Hampâté Bâ, convertido en proverbio y seña, que dice tal que así: “En África, cuando un anciano muere, una biblioteca se quema”. Recuerdo que acostumbraba a preguntar y observaba cómo trataban a sus mayores mis amigos africanos, entonces aprendí que en África, los ancianos a menudo no son apartados, al contrario, son venerados y tenidos muy en cuenta, como líderes sociales, políticos o religiosos de sus comunidades. Supongo que las sociedades, a medida que progresan y se van haciendo más sofisticadas en esto a lo que llaman capitalismo, se hacen también más crueles y salvajes, si no es así no encuentro otra explicación. 

Digresiones y nostalgias aparte, lo que cuenta es lo que ocurre aquí, y la realidad es que en España las externalizaciones de servicios que un día fueron públicos (en inglés outsourcing) y los conciertos con entidades privadas se han generalizado hasta el punto de ser norma casi obligada en prácticamente todos los sectores. Con estas liberalizaciones masivas la lógica del lucro y la ganancia se impone en detrimento de la calidad y el buen trato, también la corrupción política y el clientelismo, y nuestras administraciones pierden poder y capacidad de decisión -de lo que en el fondo se trataba-, ganando solo en un supuesto ahorro de costes, y terminando por ser esclavas de estas empresas, convertidos nuestros gestores públicos en auténticos inútiles incapaces de llevar adelante ningún servicio sin externalizarlo o subcontratarlo.

No me entiendan mal, aclaro, no digo que todo servicio deba ser nacionalizado o remunicipalizado, pues hay sectores como el tecnológico en el que a las administraciones les cuesta más llegar por sus propios medios y se impone la colaboración público-privada. Pero nunca deberían caer bajo la lógica perversa del lucro y la rentabilidad servicios esenciales que tengan que ver con los cuidados (ancianos, niños, enfermos, discapacitados y otros colectivos desfavorecidos) o con cualquier otro ámbito que implique trato humano y una vocación especial. 

Supongo que los globalistas como Lagarde y compañía sabían de todo esto cuando decidieron implantar las externalizaciones como norma, sabían que por esta vía la brecha entre ricos y pobres terminaría haciéndose insalvable. En este punto volvemos a cerrar el foco para observar con más detalle cómo se desarrollan la manipulación y el engaño en algunos centros de mayores en Canarias, en concreto en dos de las empresas que más facturan en el campo de lo sociosanitario en las Islas.

La primera de ellas, Aeromédica Canaria SL, comenzó su actividad en el año 89 en Las Palmas de Gran Canaria, como una pequeña empresa de transporte sanitario urgente. Primer dato sospechoso, la empresa la funda el hermano del que fue en los 90 director del Servicio Canario de Salud y también presidente del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, médico de profesión para más inri, Román Rodríguez Rodríguez, todavía hoy 30 años después Vicepresidente del Gobierno de Canarias. Puede que este parentesco no tenga nada que ver ni haya nada sospechoso, pero casualidad, unos años después de su creación la empresa del hermano del presidente comienza a recibir contratos públicos y conciertos sanitarios con la administración canaria, ampliando progresivamente su objeto de negocio desde el transporte sanitario aéreo hasta los centros de mayores y las ambulancias, hasta alcanzar hoy más de 1.400 empleados y 40 millones de euros de facturación anual.

El cargo político encargado de llevar a efecto la transición de lo público a lo concertado en el ámbito de lo sociosanitario en Canarias en los 90 fue precisamente Román Rodríguez, hermano del fundador de la mencionada empresa, la misma que en ese tránsito de lo público a lo concertado se llevó unos cuantos contratos públicos. La empresa en cuestión es también casualmente la que gestiona el Centro de Mayores de Santa Cruz sobre el que la señora María nos presentó sus quejas por el estado de su madre, el mismo centro que en el año 2022 sigue recibiendo quejas del partido Coalición Canaria ahora en la oposición en el Cabildo. Otra paradoja extraña: Carlos Alonso de CC se queja ahora del mal funcionamiento de los centros de mayores en Tenerife5, pero en 2016 era él el presidente del Cabildo responsable último de los centros, y lo que hizo fue “llamar” a los medios para que no publicaran nuestra denuncia.

Lo más grave es que nos vamos a una de estas páginas gratuitas (mercadofacturas.es) que facilitan datos económicos de empresas, a ver si están en la ruina o algo parecido, y, casualidad: el resultado de la empresa Aeromédica en el apartado de beneficios de los años 2017 a 2020 arroja bastantes beneficios6, a razón de 5.900.000 euros en 2017, 3.500.000 euros en 2018, 6.000.000 euros en 2019 y 3.800.000 euros en 2020. Con estos beneficios anuales se limitaba el uso de pañales a los ancianos, y muchos, como la difunta madre de María permanecían horas meados sin compasión, ¿entienden ahora por qué hablo de deshumanización?

Y tanto más de lo mismo con otra empresa parecida, ICOT Servicios Integrales SL. Tras llevar años con la gestión concertada del Centro Sociosanitario El Pino, el más grande de Gran Canaria, con 448 plazas y 240 trabajadores. Por lo visto las condiciones laborales no eran nada buenas y hubo denuncias, como leemos en Eldiario.es del 2 de noviembre de 20217,"fraude masivo en contratos temporales fuerza al centro sociosanitario El Pino a hacer fijos a 80 trabajadores". Pues bien, apenas un año después la empresa adjudicataria ICOT renuncia al concierto y desiste de seguir con la gestión del centro, como leemos en el Canarias7 del 8 de febrero de 20228: “La única oferta para gestionar El Pino renuncia al contrato por la subida salarial del 6,5%”. 

Creo que no hacen falta muchos más comentarios, la empresa renuncia a 51 millones de euros en 5 años porque hay que mejorar un poco las condiciones de los trabajadores y no le salen las cuentas al jefe. Y otra vez nos vamos a las páginas de empresas y aparecen beneficios entre los años 2017 a 20209, incluso en progresión ascendente, lo cual no nos hace pensar que la empresa no pueda seguir con el concierto sociosanitario. Están en su derecho, cierto, así es el capitalismo, el lucro es lo primero, pero creo que han ido demasiado lejos. 

Y hasta aquí el relato de los hechos, ahora extrapolen ustedes, las trampas legales, los recortes, las malas condiciones laborales, la connivencia política y el afán desmedido por el beneficio se extienden en mayor o menor medida a la mayoría de centros geriátricos privados o concertados de España, y en parte también a los públicos, y tanto o más de lo mismo en otros países de nuestro entorno, como vimos en el titular al inicio. Y todo esto responde a un plan que viene de arriba, que nos precariza, nos empobrece y hasta nos mata, ¿qué tal si despertamos ya? 

Eloy Cuadra, escritor y activista social.