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miércoles, 01 de febrero de 2023 00:00h.

Y la política también la privatizaron, pero no te diste cuenta (VI)

Siguiendo con el proceso de privatizaciones y externalizaciones generalizadas volvemos a la luchas locales, y nos vamos a enero del año 2012, el día 25 de aquel mes el periódico El Día avanzaba el siguiente titular 1: El Diputado del Común investigará el presupuesto y el coste del 012. Un ciudadano ha denunciado ante esta institución que el Gobierno publicita el 012, pese a que llamar cuesta 42 céntimos cuando existen otros dos números fijos con tarifa plana que prestan el mismo servicio. Y sí, ese ciudadano revoltoso era otra vez yo. Una señora mayor con bajos recursos económicos me había puesto sobre la pista de cómo el teléfono 012 de información del Gobierno de Canarias le cargaba mensualmente en torno a 4 o 5 euros en la factura del teléfono. Uno no repara habitualmente en estas cosas, pero 5 euros al mes a una señora a la que no le sobra multiplicado por los miles y hasta millones de personas como esa señora que llaman al año al 012 podían ser unos cuantos millones de euros que iban de los bolsillos de los canarios a una empresa, y puede que a algunos más. Después de una entretenida investigación supe que la empresa que estaba -y sigue estando- detrás de la gestión del 012 en el Gobierno de Canarias, presidido por entonces por el señor Rivero de Coalición Canaria, era una empresa enteramente canaria. Monopolio o casualidad, la misma empresa gestionaba también los teléfonos de información de otros tantos cabildos y ayuntamientos en los que gobernaba Coalición Canaria, con el mismo modus operandi, una tarificación mínima por establecimiento de llamada que sumadas todas las llamadas reportaban unos beneficios importantes a la mencionada empresa. Buceando entre los datos pude saber que la empresa en cuestión era el call certer con más beneficios porcentuales de todo el mundo. En mis investigaciones también pude comprobar que el precio que pagaba el “generoso” Gobierno de Canarias por el 012 era notablemente más alto que el de otros call center institucionales en la mayoría de comunidades autónomas de España. Aquello me resultó notablemente escandaloso, millonarios a costa de los canarios de a pie (aún más escandalosas me resultaron otras informaciones que me llegaron pero no pude terminar de contrastar, y por tanto no pude denunciar, por la cobardía de algunos agentes políticos que se hacían llamar alternativos). Con todo, tras el revuelo que monté en medios y redes obligué a que el Gobierno de Canarias -descubierta ya la martingala- negociara a la baja el contrato al año siguiente y publicitaran institucionalmente los teléfonos gratuitos alternativos al 012. 

Hace décadas, antes de la globalización, para saber algo de las instituciones podías acercarte a preguntar o podías llamar por teléfono, en ambos casos te atendía un funcionario de la administración, desde hace ya bastantes años no es así. Como ven, hay muchas formas de privatizar, y esta fue una de ellas. Los call centers privados en las administraciones están hoy en casi todos los departamentos que requieran atención telefónica o citas previas… ¿quién repara en eso? Están ahí, una chica nos atiende al otro lado, no le damos importancia, pero sí que la tiene. En los tiempos del big data empresas privadas no paran de acumular datos y más datos de todos nosotros, datos que luego serán vendidos o utilizados convenientemente pero nunca en nuestro provecho. Las citas médicas por ejemplo, los call centers pueden -y de hecho lo hacen- adiestrar debidamente a las operadoras para que remitan a los pacientes a los hospitales concertados y privados cuando conviene, dejando para los públicos los menos rentables, por no hablar de la pérdida de control y acceso a información médica relevante, ahora en manos privadas.

En cualquier caso, lo de los call centers privados en los organismos públicos es sólo un detalle tal vez no tan importante del proceso imparable de privatización de la política y las administraciones. La privatización de la política a gran escala la empezamos a ver a principios de la década pasada, en 2011, cuándo la Unión Europea de la austeridad y el control del déficit impuso a dos técnicos tecnócratas al servicio de las multinacionales de siempre como presidentes en Grecia (Papademos) e Italia (Monti), sin pasar por elecciones, sin preguntar al pueblo, lo que algunos calificaron como dos auténticos golpes de Estado. Especialmente llamativo por lo descarado lo de Mario Monti, pues había sido director europeo de la Comisión Trilateral (lobby neoliberal fundado por David Rockefeller) y también andaba metido en otro grupo de globalistas hiperelitistas, el famoso Club Bilderberg. Golpe de Estado o privatización irreversible de la democracia, llámenlo como quieran. Tanto o más de lo mismo con Mario Draghi, otro técnico, otro “experto”, ex de los buitres financieros de Goldman Sachs, fue presidente del Banco Central Europeo desde 2011 hasta 2019, tuvo tiempo para “hacer su trabajo”. Por esta vía los poderes legislativos, los congresos, los parlamentos, los plenos, el debate sano, la búsqueda de consensos, han ido perdiendo protagonismo en favor de los grandes poderes económicos, de las consultoras, de los lobbies empresariales y las corporaciones, con las puertas giratorias jugando un papel fundamental. El razonamiento es simple: los técnicos, “los expertos”, son altamente considerados, tienen carreras técnicas, vienen de las mejores universidades privadas, ¿quién podría discutir su conocimiento? Y se les deja hacer, y se les rinde pleitesía, es la negación de la política. Lo de Italia y Grecia lo tuvimos un escalón por debajo también en España en la figura de Luis de Guindos, jefe de la economía española en el gobierno de Aznar que “casualmente” era también el jefe para Portugal y España del banco americano Lehman Brothers cuando quebró en 2008 y nos llevó a todos a la crisis de las hipotecas subprime. Y a pesar del desastre todavía hoy este señor sigue siendo vicepresidente del Banco Central Europeo. 

Otra muestra de la influencia y el poder de éstas élites corporativas sobre los gobiernos y sobre la política propiamente dicha la tenemos en la figura de Pedro Sánchez el actual presidente, cuentan que una de las primeras reuniones que mantuvo aunque bastante secreta al poco de ser nombrado presidente la tuvo con otro de esos líderes globales a los que nadie vota, George Soros. Y no tardó mucho en ir a ver a Estados Unidos a la cúpula de los grandes fondos de inversión especulativos que dominan buena parte del mundo, como leemos en el portal digital Moncloa.com. Nada menos que con “Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, JP Morgan, Brookfield Asset Management, L Catterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Rokos Capital Management, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmChamSpain”. Al parecer nuestro presidente fue a verlos para pedirles que extendieran su poder aún más en España. Entre estos fondos otra vez aparece el apellido Soros, qué casualidad, y Blackstone, la empresa privada que más viviendas tiene en España, medio Madrid es suyo, para especular por supuesto, por destacar algunos. 

Pero hay más formas de anular la política en su noción original en favor del apostolado capitalista global, lo vemos en la prevalencia de los “tanques pensantes”, más conocidos como Think Tanks, inventos estadounidenses que vienen a ser institutos y centros de estudios casi siempre con la etiqueta de “sin ánimo de lucro”, donde otra suerte de “expertos” en distintas áreas y materias teorizan y desarrollan documentos que luego publican, distribuyen y extienden convenientemente, con el único fin de dirigir el camino de los gobiernos por la senda del capitalismo y afirmar su supremacía allá donde pongan sus intereses. Cuentan que el primero de estos “tanques” lo fundó la familia Rockefeller hace más de un siglo, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), ¡y qué casualidad, otra vez nos aparece este apellido! A día de hoy hay centros de este tipo para casi cualquier asunto y funcionan mucho más allá de las fronteras de EEUU, en toda Europa por supuesto y también en España. La Fundación FAES, conocida, neoliberal, vinculada al PP, es uno de estos tanques españoles, quizá el que más haya trabajado en los últimos 20 años por desmontar y malvender todo el sistema público español; como el Real Instituto Elcano, entre los más prestigiosos del país; u otras entidades muy ligadas al PSOE como la Fundación Pablo Iglesias o la Fundación Alternativas. Entre sus principales funciones está surtir de información adecuada a la prensa oficial de este país para que digan lo que ellos quieren y creen así determinadas corrientes de opinión que debidamente trabajadas pasarán a ser mayoritarias y apuntalarán el actual status quo, tan sencillo como eso.

El problema es que incluso con todos los mecanismos que hemos nombrado hasta ahora manipulando y dirigiendo la política desde y por el capital, el sistema aún sigue teniendo fallas y fugas que lo hacen peligroso y expuesto a la voluntad “caprichosa” de los ciudadanos. Así, nuestras élites hace tiempo que inventaron otro instrumento que asesora y vigila muy de cerca a nuestros políticos y administraciones para marcarles aún más insistentes el camino a seguir, al tiempo que les sacan importantes cantidades de dinero público. Me estoy refiriendo a las empresas de auditoría y consultoría que inundan nuestras administraciones y vigilan y deciden las políticas. De nuevo son técnicos, son “expertos”, licenciados en carreras de las ramas de ingeniería, tecnológicas, económicas y hasta humanidades, todos -eso sí- con el manual del neocapitalismo salvaje como biblia de cabecera, y la mayor parte de las veces formando parte de una empresa de consultoría de ámbito internacional con redes e intereses comunes con las grandes corporaciones que dominan esta parte del mundo. Tanto es así y tan conocidas son estas empresas que ya hay hasta un selecto club con las cuatro más importantes, a las que llaman las Big Four: KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC. 

Para muestra de su importancia un dato, publicado en el digital confilegal.com el 7 de julio de 2021 con el siguiente titular: Las ‘Big Four’ obtuvieron más de 83 millones de euros en contratos públicos durante el último año. Las ‘Big Four’ [cuatro grandes] tienen al Estado como uno de sus clientes frecuentes, por encima incluso de grandes compañías. ¡El Estado, por encima de las empresas privadas!, imagino que entienden lo que esto significa. Muchas veces oímos y en ocasiones hasta lo pensamos o lo decimos, el perfil tan bajo que tienen muchos de nuestros gobernantes y cargos públicos, aquí puede estar parte de la explicación: la mayoría de sus decisiones importantes se las dictan estas empresas de consultoría en sus informes muy bien pagados, y así hasta el más zopenco puede ser hoy concejal, consejero, alcalde o presidente. 

Otra muestra de lo que venimos diciendo sobre la poca objetividad y limpieza de los informes de estas consultoras casi siempre viciados y proclives a favorecer sus propios intereses o el de sus empresas asociadas lo vemos en el mismo artículo que acabamos de citar, dónde se habla del supuesto “Cartel de Bilbao”, dónde algunas de estas importantes consultoras pactaban previamente el reparto de licitaciones públicas en base a sus propios intereses. 

Aún más contundente en su explicación el titular de otro digital, elsaltodiario.comCómo las Big Four han absorbido al Estado y sustituido a la burocracia. El millar de contratos que aparecen en los boletines oficiales del Estado son algunos ejemplos de la delegación de funciones políticas a las ‘big four’ (KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC), una vieja historia de privatización encubierta que le ha costado a las arcas públicas al menos 378 millones de euros en poco más de una década”.

Y que no tienen pensado detenerse a pesar de que se les esté viendo el plumero lo podemos comprobar en otro titular reciente del diario Público: Las grandes auditoras presionan en Bruselas para hacerse en exclusiva con un negocio de 8.000 millones. Las 'Big Four' mueven sus tentáculos de poder para acaparar los servicios de auditoría que deben certificar los esfuerzos empresariales hacia sus compromisos medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, o criterios ESG”. Está claro, el greenwashing está de moda, el ecoparipé es lo que vende, ahí va a estar la pasta de buena parte de los fondos Next Generation que vienen y nuestros políticos tan preparados no saben desarrollar, y ahí quieren estar estos buitres disfrazados de “expertos” para llevársela. Creo que veremos mejor esto que les digo si acercamos un poco el foco a las realidades locales concretas. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por ejemplo, en su propio portal oficial anunciaba hace unos años la recepción de una ayuda de 14.994.000 euros procedentes de los Fondos FEDER para un Plan de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) “Anaga en el corazón”. ¿Adivinan quién se lleva la mayor parte del dinero?, lo vemos en el acuerdo oficial firmado por el alcalde: “Las entidades beneficiarias de las operaciones a cofinanciar en el marco de las Estrategias DUSI serán Organismos Intermedios únicamente a los efectos de la selección de operaciones". Los organismos intermedios de gestión son las consultoras de las que venimos hablando, cómo vemos en esta licitación posterior de la página de Contrataciones del Estado, con expediente  2/2020/GP, Contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la Gestión de la Estrategia DUSI Anaga en el Corazón de Santa Cruz de Tenerife, Valor estimado del contrato 725.131,47 euros. ¿Adivinan quién se lleva la adjudicación? ¡Bingo..., la consultora Deloitte!, una de las “Big Four” de las que hablamos. Y como ésta hay muchas más adjudicaciones a consultoras en un reguero interminable de dinero público. Otra que aparece por aquí también del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el “Plan estratégico de turismo del municipio de Santa Cruz de Tenerife para el periodo 2021-2026”, también se lo tienen que preguntar y pagar a la consultora Deloitte. Luego se sorprenden cuando hay quienes dicen que son demasiados políticos para no hacer nada. 

Los cabildos también son clientes muy habituales de estas consultoras, preguntando y pagando cosas de lo más simple. Así, me encuentro una del Cabildo de Tenerife que le pregunta y paga a PricewaterhouseCoopers sobre la ventajas e inconvenientes de la fusión de los casinos de Tenerife. ¿En serio necesitan una consultora para esto? Aquí otra del Cabildo de La Gomera que le pregunta y le paga a la consultora Deloitte para que le digan cómo acceder a diversos fondos europeos, como esta otra también de La Gomera dónde le preguntan y le pagan (190.000 euros) otra vez a Deloitte por el desarrollo de un Programa de Aceleración de Empresas de Sectores Estratégicos  

En fin, así es cómo se privatiza también la política y no nos enteramos, en un suma y sigue de detracción de dinero público con destino empresas privadas, amigos y sectores afines a la clases poderosasSe entiende así que cuando un político dice que han aumentado en tanto porcentaje el presupuesto para tal o cual Consejería, lo que en realidad está pasando y no nos dicen es que buena parte del dinero se queda por el camino y no le llega al ciudadano. Dicho con otras palabras: nos mean y dicen que llueve. Y bueno, al menos ahora ya saben que no es lluvia lo que nos cae. 

Eloy Cuadra, escritor y activista social.