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jueves, 28 de marzo de 2024 15:39h.

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas pide mayor control en las residencias

La publicación en la prensa de un informe de la Diputación del Común sobre la grave situación de algunos centros de mayores en Canarias, ha causado alarma social y alterado el discurrir político de los partidos del arco parlamentario, que se echan en cara mutuamente las responsabilidades al respecto.

Si bien este informe, realizado con datos recogidos en 2019 y presentado en el Parlamento Autonómico en noviembre de 2020, no se refiere a la situación actual de las residencias de mayores en el Archipiélago, sí es un toque de atención público que pone de manifiesto la necesidad de una auditoría oficial exhaustiva sobre el estado de dichas instalaciones, con las correspondientes medidas —sin descartar el control directo de la gestión de los centros— encaminadas a subsanar las deficiencias que la investigación ponga de manifiesto.

En junio de 2020 la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias 29 de Octubre, presentó a la Diputación del Común, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias un amplio informe, basado en datos aparecidos en la prensa y manifestaciones directas de familiares de usuarios y personal de las residencias, en las que se instaba a los responsables de la instituciones citadas a una investigación concreta sobre las deficiencias detectadas y a adoptar las necesarias medidas para subsanarlas.

Sólo el Diputado del Común, D. Rafael Yanes Mesa, nos citó y habló directamente con nosotras y nosotros del tema en cuestión, agradeciéndonos el esfuerzo realizado e informándonos sucintamente de las líneas de investigación que su institución tenía abiertas en ese momento y que se plasman en el informe de la Diputación del que la prensa se ha hecho eco ahora.

Pese a su desfase temporal, el conocimiento público del citado informe, nos hace reiterarnos en la petición que hicimos el año pasado a las autoridades insulares y autonómicas. Nos dirigimos, pues, a los cabildos insulares, responsables de la gestión de la Red de centros diurnos y residencias de mayores dependientes y personas con discapacidad, y al Parlamento y Gobierno de Canarias, responsables últimos del bienestar social de todos los canarios y canarias, para que realicen un diagnóstico de la situación y arbitren las medidas necesarias para superar las posibles deficiencias de funcionamiento que se aprecien.