Un mercado desajustado

La realidad es que la disparidad entre los precios de la vivienda y los sueldos de los canarios se ha hecho insostenible. Un alto porcentaje de los salarios apenas permite cubrir los gastos básicos, mucho menos acceder a un inmueble adecuado a precios razonables. Si a esto le sumamos la escasa oferta de viviendas de protección oficial o asequibles, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos ante una crisis de vivienda sin precedentes.

Los ciudadanos, especialmente los más jóvenes y las familias con recursos limitados, se ven obligados a convivir con la incertidumbre sobre su futuro habitacional. No es raro escuchar a los trabajadores de sectores fundamentales como el turismo, la sanidad o la educación expresar su frustración, ya que a pesar de tener empleos estables, no logran encontrar un hogar digno al alcance de sus bolsillos.

La responsabilidad compartida

Si bien es cierto que parte de la responsabilidad recae sobre los propietarios de inmuebles, que muchas veces priorizan la rentabilidad económica sobre la necesidad social, no podemos caer en la trampa de criminalizar sistemáticamente a estos actores. Es fundamental entender que los propietarios de viviendas no son los únicos culpables de este desajuste. En la mayoría de los casos, se encuentran atrapados en un mercado donde la oferta es escasa y la demanda es alta, lo que les obliga a fijar precios que se ajustan a las condiciones actuales del mercado.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya margen de acción. Las administraciones públicas tienen un papel crucial en la búsqueda de soluciones reales y efectivas. La regulación y la intervención en el mercado inmobiliario son esenciales para garantizar que la especulación no siga imponiéndose a la necesidad de acceso a la vivienda. Pero aquí es donde necesitamos un cambio de mentalidad.

¿Qué deben hacer las administraciones?

La solución no pasa por discursos vacíos ni por la demonización del sector privado. En lugar de ello, es imperativo que las administraciones asuman su responsabilidad y trabajen de manera conjunta con los agentes sociales y los promotores inmobiliarios para ofrecer alternativas concretas y viables.

Una de las medidas más urgentes es la construcción de viviendas de protección oficial y el impulso de programas de alquiler social. Esto debe ir acompañado de incentivos fiscales y financieros para los constructores que apuesten por estos proyectos. Además, las políticas urbanísticas deben ser revisadas para permitir la construcción de viviendas en terrenos que, aunque no sean de alto valor económico, puedan ofrecer soluciones habitacionales accesibles.

Dejar de depender de la retórica y actuar

No podemos seguir permitiendo que este problema se resuelva únicamente con palabras. El discurso sobre la crisis de la vivienda en Canarias ha sido reiterado en múltiples ocasiones, pero los resultados siguen siendo insuficientes. Es hora de que los responsables políticos dejen de tratar este tema como un monográfico que sirve para llenar titulares, pero que no genera cambios reales.

Es esencial que tanto las administraciones locales como el Gobierno de Canarias se comprometan a actuar con determinación. Las soluciones deben ser prácticas, no teóricas. La colaboración público-privada debe ser una realidad para fomentar el desarrollo de proyectos habitacionales adecuados a las necesidades actuales de los residentes, sin olvidar nunca que el acceso a la vivienda es un derecho básico.

El futuro de nuestras islas depende de ello

El futuro de Tenerife y de todo Canarias está en juego. Si no somos capaces de garantizar que los trabajadores y las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna, estaremos condenando a muchas generaciones a un futuro incierto. No se trata solo de una cuestión económica, sino también de justicia social. Como sociedad, debemos exigir que se tomen medidas claras y decisivas para asegurar que todos, independientemente de su estatus económico, puedan vivir en condiciones dignas.

Es momento de pasar de las palabras a los hechos, de exigir compromiso y resultados concretos, no más retórica ni excusas. Los canarios merecemos soluciones, y es responsabilidad de todos —desde los propietarios hasta las administraciones públicas— trabajar juntos para que eso se convierta en una realidad.