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20:12h. viernes, 17 de septiembre de 2021

La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia ya es una realidad

Nadie pondrá en duda que la violencia más despreciable es aquella que tiene como víctimas a los más vulnerables. Este es el caso de cualquier forma de violencia que se ejerza sobre las personas menores de edad, una violencia que puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, como puede suceder en los entornos familiar y escolar, espacios en los que pueden tener lugar estos actos violentos con mayor frecuencia.  

Cada año, en nuestro país, se interponen miles de denuncias por delitos violentos contra menores de edad.  

Hoy me siento muy satisfecha por poder votar a favor de una ley que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral para los niños y niñas. Esta ley que aprobamos hoy en el Senado es una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno sociosanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos. 

Porque nadie puede quedarse tranquilo mientras las estadísticas de criminalidad, según fuentes del Ministerio del Interior, reflejan que en el año 2018 se denunciaron más de 37.000 delitos de violencia contra menores, 5.382 niños y niñas fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual. Sabemos que las víctimas, aún siendo mayores de edad, suelen entrar en estado de shock y a veces pueden tardar días en denunciar o ni siquiera llegar a hacerlo. Y aún es más grave cuando hablamos de menores cuya inocencia les hace ser desconocedores de que están siendo agredidos y pueden tardar incluso años en darse cuenta. Lo que hace que en casos de abusos se tarde una media de cuatro años en detectarlos. La falta de información, sensibilización social y de estrategias de prevención, hace que muchas familias tengan dificultades para saber cómo enfrentar y detectar estas situaciones de violencia hacia la infancia.

Este nuevo marco normativo tiene numerosas novedades como el registro unificado de violencia, la prueba preconstituida, la ampliación del cómputo del plazo de prescripción en los casos de abuso sexual,  la creación de juzgados y fiscalía especializados en la violencia contra la infancia y la adolescencia,  la  capacidad de denuncia por parte de los niños y niñas sin necesidad de que se evalúe su madurez, que los mismos sean escuchados en todos los procedimientos que les afecten y se establezcan entornos seguros en ámbitos tan importantes para ellos como Internet, la familia, centros educativos, entre otros. 

La prueba preconstituida lo que viene a evitar es la denominada victimización secundaria, para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado; y así la grabación de la declaración se utilizará en las distintas fases del proceso.

La norma entre otras medidas recoge el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia. Establece además la creación de unidades especializadas en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se reconoce el derecho a la asistencia gratuita jurídica a menores de edad. 

En definitiva, la ley tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia, aumentando el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en  el que la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurre actualmente, para evitar que los casos queden impunes ya que las denuncias se suelen hacer muchos años después. 

España con esta ley da un paso muy importante en la protección a la infancia, es fundamental que los niños y niñas se sientan protegidos porque hay un sistema detrás que les ampara.

Debo reconocer y agradecer la ingente labor de las organizaciones de la infancia por su trabajo y esfuerzo por concienciar a los poderes públicos y a la sociedad sobre este gravísimo problema, así como sus aportaciones en el texto normativo. 

(*) Olivia Delgado es senadora por Tenerife, presidenta de la Comisión de Juventud del Senado y portavoz de Transformación Digital del Grupo Parlamentario Socialista