Falta una planificación estratégica en su funcionamiento y sobre todo, el seguimiento del cumplimiento de la misma cuando se ha intentado implementar. Se incumplen sistemáticamente los plazos establecidos en cada normativa, para su tramitación, con una complicación máxima, pero en cambio, son inflexibles con los empresarios y los ciudadanos para que cumplan en tiempo y forma, porque si se retrasan en cualquier diligencia, entonces les llegan los oportunos recargos o sanciones. Distinta es la vara de medir, la administración incumple y no pasa nada, no se asumen responsabilidades, en cambio, los empresarios y los ciudadanos que, en algunos casos, no pueden atender los compromisos normativos públicos, por la crisis que estamos sufriendo, les asfixian todavía más, sin condonar siquiera un solo día. 

Existe una total descoordinación entre los distintos departamentos o servicios, siendo verdaderos reinos de taifas y en algunos casos, con alguna o algún reyezuelo incluido.  La constante improvisación, hace que no exista la transmisión del conocimiento, porque al jubilarse los empleados públicos con más años de servicio, no se planifica con antelación un revelo ordenado que asuma con tiempo la experiencia y el saber, por lo que, los que entran empiezan de cero y eso dificulta tremendamente la agilidad de resolución, con un recomenzar continuo, dificultando el trabajo de las empresas, con demoras insufribles.  La solución pasa por una verdadera simplificación administrativa, pero real, mediante una reducción normativa que no sea timorata.

Muchas obras se contratan a empresas públicas, que parece que sirven para todo, haciendo una competencia desleal a la iniciativa privada y a las empresas locales de la construcción, que tienen años de experiencia en el campo determinado que sea y cuentan con personal cualificado y destreza acumulada, demostrándoles, con su buen hacer, que lo público para y lo privado acelera. Como mínimo, a los dirigentes públicos canarios, debería   darles  vergüenza,  la total desconfianza hacia las empresas locales, que desprecian sistemáticamente en la mayoría de las licitaciones.

En estos momentos, el telebrajo en la función pública, no funciona correctamente y es improductivo, incluso reconocido por muchos empleados públicos y dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno, porque no están fijados los objetivos a cumplir y fallan los canales de comunicación, para que los empresarios y los ciudadanos en general puedan acceder a los distintos servicios. En la actualidad hay que poner en valor el trabajo que están realizando los vigilantes de seguridad en las distintas dependencias públicas, porque son los únicos que están dando la cara, atendiendo y en algunos casos, resolviendo algún que otro asunto y no son funcionarios.  Además, no se entiende que las distintas administraciones se hayan gastado un dineral en acondicionar las instalaciones, para asegurar la seguridad sanitaria y después de hacer el gasto, tener los emplazamientos adecuados y establecer los protocolos sanitarios oportunos, se envíe a los empleados públicos a su casa para teletrabajar. Improvisación, incoherencia, lentitud, complejidad, en fin, una maraña desorganizada, con una inflación normativa que imposibilita cualquier avance. Ahora es el momento de facilitar cualquier asunto, porque lo sencillo da más seguridad jurídica que lo engorroso. Reducir plazos o tiempos de resolución es imprescindible en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos. Pio Baroja, el escritor español de la generación del 98 lo sintetizó acertadamente: “La burocracia en los países latinos parece que se ha establecido para vejar al público”.