Antes de que el gobierno aplicara una ley que en los hechos paralizaba (de forma parcial) los procedimientos de desahucios, estábamos ante un escenario desolador. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo, se han producido 15.090 desahucios. Esto es el equivalente a 160 desahucios diarios, o entre 6 y 7 desahucios cada hora. La mayoría vienen causados por no poder hacer frente al pago del alquiler.

 

De estos más de 15.000, el 97% de estos casos los bancos son los que pulsan el botón que expulsa a la gente de sus casas para dejarlos en la calle con una mano delante y otra detrás. Dicho de otro modo, la banca salía perjudicada porque pierde un nicho donde hacer negocio. Se ve que recibir 100.000 millones en concepto de ayudas durante el rescate (que ya avisaron que no iban a devolver) o poder comprar grandes empresas u otros bancos por 1 euro no era suficiente.

¿Qué han hecho estos pobres bancos para intentar volver a tener la capacidad para desahuciar?. Lo primero han cogido una de las máximas de Goebbels “repite mil veces una mentira y acabará pareciéndose a una verdad”. A los pocos meses de que se aprobara la ley que paralizaba los desahucios, empezamos a escuchar sus mentiras: los telediarios empezaron a llenarse de noticias de “alarma” ante los okupas. Se muestra el espejismo de que en cualquier momento un ocupa te puede quitar la casa, pero los datos dicen que la ciudad que más denuncias de ocupación hay (Barcelona) registra 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (un 0,002%). Pero a la vez que generaban este pánico te daban su “solución final” sacan una empresa de skinhead que echan con extrema violencia a las familias. Los principales clientes de este tipo de empresas son los bancos. Ellos han creado un problema que no existe y han creado una alternativa para garantizar que pueden expulsar a la gente para arrebatarles la vivienda. Aquí en Canarias hemos visto ya varias muestras de estas situaciones, como ya denunciaron los compañeros de Acampada Reivindicativa en denuncia a la empresa Viscosa, la cual lleva 20 años sin construir una vivienda social.

En España sobran los recursos, y el problema de la vivienda es un problema “artificial”. Se ha generado fruto de la precariedad en los salarios y pensiones y eso ha provocado que una parte de la población quede entrampada con una hipoteca y otra parte se vea obligada a vivir o bien en la calle o en una poco más que una chabola. El problema de la vivienda tiene solución: redistribuir la riqueza. Que los que más tienen más paguen, que no haya ningún salario ni pensión por debajo de 1.000 euros y, por supuesto, cortarles las alas a los bancos y monopolios que juegan con las casas de la gente con el único objetivo de aumentar sus ya de por sí obscenos beneficios.

Por esta razón, nuestra organización en Tenerife, muestra toda nuestras fuerzas y capacidad para apoyar a las 48 familias de San Isidro. Y los apoyamos con la misma fuerza y energía con la que apoyamos a todos los trabajadores en su lucha por una vivienda, porque es un derecho, no un privilegio.