La frase maldita: “A por ellos”

En el caso de La Seu d´Urgell -sede catedralicia- transcurrido el tiempo, el  “a por ellos” se ha convertido para los catalanes de la zona en una frase chusca, maldita e hiriente muy difícil de cerrar y que supurará mientras “nuestros políticos sigan encarcelados”, comentan entre si un grupo de amigas, mientras comparten unas cañas en el bar más intergeneracional de la localidad, capital de la comarca del Alt Urgell; en la provincia de Lleida. Allí, la mayoría de sus habitantes se manifiestan abiertamente independentistas, sin miedo. El resto calla y los menos se sienten muy españoles.

La edad de este grupo de amigas, que toman una copa después de la jornada laboral de un caluroso día de verano, supera los cincuenta y algunas, además de madres, son ya abuelas. Su formación cultural podría definirse entre media y alta, al igual que su posición social. Y Es que en esa parte del Pirineo la generación nacida entre la década de 1960 y anteriores dio a los verdes valles montañosos un alto índice de universitarios, educados la mayoría de ellos entre curas y monjas que supieron custodiar e inculcar  con esmero los valores y tradiciones catalanistas, a su alumnado. Lo hicieron al más puro estilo sardanístico-religioso.  A la vez, en el mismo núcleo, a las órdenes militares del caudillo, se formaba a la soldadesca del cuartel Arapiles-62  –en la actualidad desaparecido- que dejaba beneficiosos pingües en las tiendas de la zona agrícola-ganadera, a 10 kilómetros de la frontera con el Principat d´Andorra. 

Plaza del mercado, La Seu d´Urgell

Entre sorbo y picoteo de olivas, el grupo de ex alumnas de la Compañía de María recuerdan lo que pudo haber pasado y no pasó aquel día, gracias, añaden  “a que alguien con mucho poder impidió que la policía irrumpiera con fuerza para repartir leña, algo que no olvidamos, ni perdonamos y que sucedió en Orgañá, Ponts y otros muchos sitios de Catalunya, porque la policía vino a eso”, recalcan las contertulias. “Aquí, todos nos comportamos con civismo a sabíamos que a pocos kilómetros de La Seu había más de 30 vehículos policiales dispuestos a cumplir su misión y mientras temíamos lo peor, con todo el pueblo en la calle y en la plaza del Ayuntamiento, supimos mantener la calma por el bien de todos, de nuestras urnas y votos por el derecho a decidir, que dicho sea de paso, muchas de las urnas estuvieron guardadas antes del referéndum en los cementerios”, comentan entre risas  y pasado el tiempo.

Para Ángeles C.P., militante de Esquerra Republicana (ER),  en La Seu,  alejada cada día más del Partit Democràtic de Catalunya (PDCAT); heredero de Convergència,  lo importante ahora “es que nuestros políticos salgan lo más pronto posible de la cárcel, porque están ahí por defendernos, son presos políticos de una democracia que se denomina moderna, ya ves…”. “De manera pacífica haremos lo que sea para que vuelvan a sus casas lo más pronto posible, con sus familias”, insiste.

Con ese objetivo, partidos independentistas y simpatizantes, con la ayuda de organizaciones culturales como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana (ANC) organizan conferencias, reuniones, concentraciones, manifestaciones  y otros actos simbólicos. En diferentes puntos de Catalunya, se hacen eventos sociales y culturales, como cenas, teatro y conciertos para recaudar fondos por y para la causa. El independentismo desde dentro es una mezcla de propaganda y sentimiento en escena. Se vive a diario con orgullo y pancartas colgadas desde las fachadas de las casas que reclaman la libertad de los presos políticos y desde cuyos balcones cuelgan lazos amarillos de plástico cada vez más descoloridos. 

No pararemos de andar hasta alcanzar el camino de la libertad

Se percibe también con la idea de que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no es bueno para Catalunya, pero al menos no será peor que el del PP. Catalunya confía en que el Tribunal Constitucional se avenga a lo manifestado por Europa, en el sentido de que los políticos exiliados y otros encarcelados no han cometido un delito de rebelión. Y mientras “el pueblo hace política para los políticos, los políticos parecen haberse olvidado de los problemas reales de los ciudadanos”, esa es también la percepción que tienen muchos catalanes que no piensan igual que los independentistas.

La actuación de la policía el 1 de octubre de 2017, marcó un antes y un después en el proceso independentista.

Por otra parte, personas que viven fuera de Catalunya,  se sienten catalanes y frecuentan con asiduidad sus lugares de origen, entienden que su pueblo esté resentido, y saben que debajo de esa herida “subyace un rechazo a lo español generado a lo largo de los gobiernos del PP,  lo que no significa un desapego a las personas como individuos, pertenecientes a otras comunidades autónomas”, así se expresa  Ramón R. N, residente en Canarias desde hace casi 30 años y que vivió el  1 de octubre en La Seu, su pueblo natal, localidad de la que ha regresado recientemente y de la que dice que “estima con cariño su convivencia respetuosa y tradicional”. Tras casi  un año de lo sucedido, Ramón comenta que no ve en la gente de su pueblo natal ni un ápice de marcha atrás en las tesis  independentistas. Al contrario, piensa que la situación está enconada y que la tarea de acercar posturas va a ser difícil, ya que en “la memoria colectiva permanece el maltrato físico y vejatorio propinado el 1 de octubre por parte de España y apoyado por el rey, del que se suponía que también era el rey de los catalanes”.

Entiende que en la actualidad el independentismo catalán se vive como una lucha por la “supremacía política, que implica una separación de facto por parte de Catalunya con el resto de las instituciones del Estado español”, pero le entristece enormemente que se viva como una “supremacía social, cultural y económica, con el fin de marcar la diferencia entre lo catalán y lo español”, lamenta.

Los datos 

Catalunya llega al momento actual después del pujolismo, cuando en 2003 el gobierno de la Generalitat, formado por el tripartito (ERC-PSC-IVC), quiere reformar el Estatuto de autonomía, que partía de la base de que Cataluña es una nación, aspecto que el Tribunal Constitucional (TC) matizó más tarde, tras el recurso del PP, diciendo que la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional y, en ese específico sentido, la Constitución no conoce otra que la nación española en la que la Constitución se fundamenta y con la que se cualifica expresamente la soberanía que es ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido. En definitiva, el TC quiso aclarar que una nación cultural no es lo mismo que una nación política. En la primera, los elementos como el territorio, el idioma, las costumbres, por sí mismos, no constituyen el carácter de una nación política que es definida por la soberanía constituyente de un Estado.

En 2003, hasta el presidente del gobierno español, Zapatero, se compromete a respetar el texto que salga de Cataluña. El Estatut es aprobado por el Parlament y el CIS catalán empieza a preguntar a los catalanes qué relación quieren con el resto de España. En 2005, el independentismo no llega ni al 15%. El federalismo supera ligeramente el 30% y el mantenimiento de la autonomía se encuentra en torno al 40%. El Estatut se ratifica en referéndum, pero el Parlamento español comienza a suavizarlo. Las Cortes aprueban un texto final recortado y la nación catalana queda limitada al preámbulo. Miles de catalanes responden con manifestaciones. Sus sentimientos hacia España están cambiando. Desde 2005, el independentismo crece. En cuatro años, más de un 21% pasa a aprobar un Estado independiente. En el verano de 2010, el Constitucional resuelve el recurso del PP contra el Estatut. La sentencia recorta más el texto y el contexto nación ya no sobrevive. Las protestas vuelven a las calles de Cataluña y cada vez  hay más esteladas. El federalismo se estanca, bajan los partidarios del Estado de las autonomías y los independentistas vuelven a subir.

El mareo del Estatut

Tras las elecciones autonómicas de noviembre de 2003 que desalojaron a CiU de la Generalitat, se forma el Pacto del Tinell que incluye la formación de un gobierno tripartito entre el PSC, ERC e ICV-EUiA y el compromiso de reformar el Estatut. 

El 9 de febrero de 2004, el Parlament catalán constituye la ponencia que elaborará el proyecto del nuevo Estatut.  

El 1 de octubre de 2005, el Parlament aprueba la proposición de ley orgánica de reforma del Estatut de Catalunya con 120 votos a favor (PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA) y 15 en contra (PPC). La aprobación fue posible gracias al pacto entre el tripartito y CiU sobre la propuesta de financiación y la laicidad de la enseñanza. El texto quedaba así listo para su tramitación parlamentaria en las Cortes.

El 2 de noviembre de 2005, el PP presenta ante el TC un recurso contra la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de tramitar el Estatut como reforma estatutaria. Los populares quieren que el texto se tramite como reforma constitucional. Además, incorporan en el recurso la petición de recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, ya que fue uno de los asesores en la redacción del Estatut. Ese mismo día comienza en el pleno del Congreso el debate sobre la toma en consideración de la reforma estatutaria. 

El 21 de enero de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúne en secreto con el líder de CiU, Artur Mas. En el encuentro alcanzan un acuerdo "global" que prevé incluir el término "nación" en el preámbulo y no en el primer artículo como en el texto del Parlamento catalá, y definir Catalunya como "nacionalidad" en el articulado. Además, pactan la creación de una Agencia Tributaria propia y la cesión del 50% de los impuestos. 

El 31 de enero de ese mismo año, el presidente del PP, Mariano Rajoy, inicia en Cádiz una campaña de recogida de firmas para pedir que se celebre un referéndum nacional sobre el Estatut.  El 21 de marzo, la Comisión Constitucional del Congreso aprueba el texto completo con la oposición del PP y de ERC. Se eliminan los artículos sobre las selecciones deportivas catalanas, la transferencia de puertos y aeropuertos a la Generalitat, la gestión de éstos y sobre que Catalunya se convierta en una circunscripción electoral independiente en las elecciones al Parlamento Europeo. 

El 30 de marzo de 2006, el  Pleno del Congreso aprueba por mayoría absoluta la reforma del Estatut, después de más de seis horas de debate, con 189 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, IU/ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai). Los republicanos catalanes se opusieron por creer que el documento era "exíguo" en comparación con la propuesta original del Parlament catalán. 

El 25 de abril de ese mismo año, el PP presenta en el Congreso la petición de un referéndum nacional, acompañado de cuatro millones de firmas. 5 de mayo: La ejecutiva de ERC pide el "no" como única opción en el referéndum. Al principio había decidido recomendar el voto nulo. 10 de mayo: El Pleno del Senado aprueba el Estatut sin introducir cambios con 128 votos a favor (PSOE, CiU, PSC, ICV, PNV, CC, IU y BNG), 125 en contra (PP) y 6 abstenciones (ERC, PAR y EA). 16 de mayo: El Congreso rechaza la proposición del PP que pedía un referéndum nacional sobre el Estatut, "en defensa de la unidad de España". 18 de mayo: El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, convoca un referéndum de ratificación del Estatut bajo la pregunta: "¿Aprueba el proyecto de Estatut de autonomía de Catalunya?" 12 de junio: Los sondeos coinciden en que el 'sí' al Estatut en el referéndum en Catalunya ganará con el 75% de los votos. 12 de junio: El entonces presidente del PP en Catalunya, Josep Piqué, advierte de que presentará un recurso de anticonstitucionalidad contra el Estatut, aunque gane el 'sí' y lo haga "con holgura". 18 de junio: Los catalanes aprueban el nuevo texto del Estatut con un 73,9% de votos a favor. La abstención en el referéndum alcanza el 50,59%. 9 de julio: Entra en vigor el nuevo Estatut tras su publicación el 20 de julio en el BOE y el DOGC (LO 6/2006, de 19 de julio). 31 de julio: El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatut, con el objetivo de "defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos", según el presidente del partido, Mariano Rajoy. En el recurso se incluyen ocho puntos que el PP considera que vulneran la constitucionalidad, entre los que destacan la utilización del término "nación" para Catalunya y el tratamiento de la lengua catalana, que según el PP se concibe como un deber impuesto a todos los que viven en esa comunidad. 

El 19 y 20 de septiembre de 2006, el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recurre el nuevo Estatut ante el TC y señala siete motivos de inconstitucionalidad del texto. 28 de septiembre: El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la reforma del Estatut. 2 de noviembre: El PP recusa a la presidenta del TC, María Emilia Casas, porque su esposo, el profesor Jesús Leguina Villa, elaboró por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatut. 

El 5 de febrero de 2007, el TC acepta la recusación del PP contra Pérez Tremps, por ser uno de los asesores en la redacción del proyecto de reforma estatuaria. 2 de marzo, la Generalitat presenta la recusación contra el magistrado del Constitucional Rodríguez-Zapata porque realizó un estudio sobre el Estatut encargado por una institución catalana en cuyo patronato se encontraba la Generalitat. 19 de octubre, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, recusa a los magistrados del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por considerarlos "contaminados" en este asunto. Ambos manifestaron su "más profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC y concretamente con el artículo que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas. 

18 de mayo de 2008, el magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo, de 65 años, fallece en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Su muerte y la aceptación de la recusación de Pérez Tremps vuelven a dejar en equilibrio los bloques progresista y conservador del TC.

El 26 de noviembre de 2009, doce diarios catalanes publican un editorial conjunto en defensa del Estatut bajo el título La dignidad de Catalunya.

El 29 de marzo de 2010, los cinco magistrados que forman el llamado "bloque progresista" del TC alcanzan un acuerdo en torno al quinto borrador de sentencia sobre el Estatut y buscan sumar al menos un voto entre los conservadores que permita notificar la resolución. 14 y 15 de abril, el pleno del TC delibera el quinto borrador de sentencia. La presidenta de este órgano, María Emilia Casas, convoca una nueva reunión para el viernes 16 de abril para continuar el debate. El 16 de abril,  el TC rechaza el quinto borrador de sentencia con seis votos en contra y cuatro, a favor. La ponencia no logra sumar ningún nuevo apoyo a los cuatro con los que contaba inicialmente (los de la presidenta María Emilia Casas y los magistrados Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay), ya que el progresista Manuel Aragón y los conservadores Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde votan en contra. El vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, es designado ponente para redactar el nuevo borrador. El 19 de mayo, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, asume la ponencia de la sentencia del Estatut de Cataluña después de que el sexto borrador de resolución, redactado por el vicepresidente de este órgano, Guillermo Jiménez -integrado en el denominado "bloque conservador" del tribunal-, no obtuviera los apoyos necesarios. 24 de mayo, el president de Cataluña, José Montilla, acude al Senado para pedir el desbloqueo del Estatut en el Tribunal Constitucional. Es la primera vez que el Senado se reúne a petición de un presidente autonómico. El 10 de junio, el pleno para retomar las deliberaciones sobre el Estatut termina sin que se dieran avances para una próxima notificación de la sentencia. 21 de junio, el Tribunal Consitucional se reúne para rechazar los recursos de la Generalitat y entrar a debatir la ponencia de María Emilia Casas. 28 de junio, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, convoca un pleno e introduce en su ponencia sobre el Estatut retoques de última hora. 

Los cambios introducidos hacen referencia al término nación y símbolos nacionales, que están vinculados a una nacionalidad como se articula en la Constitución. También se incluyen varias referencias a la "indisoluble unidad de España".  Estos retoques logran el sí de los magistrados Manuel Aragón y Guillermo Jiménez, con lo que la sentencia sobre el Estatut es aprobada por 6 votos a favor y cuatro en contra.

El 9 de septiembre de 2010, el Tribunal Constitucional  rechaza los recursos interpuestos por los Gobiernos de Aragón, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana contra el Estatuto de Cataluña. Los recursos estaban relacionados con el Archivo de la Corona de Aragón y la gestión del Ebro.