Sociedad

José Miguel González, propietario de La Chasnera y siete gasolineras más, absuelto de estafa y blanqueo de capital

Hasta once celebraciones seguidas del Repsol Grupo González

"Es nuestro Gordo particular", esa es la expresión de la familia González tras conocer hoy la sentencia que absuelve al patriarca del Grupo González Canarias, José Miguel González, de los delitos de estafa y blanqueo de capitales del que estaba acusado, tras la compra en 2014 de la gasolinera del casco de Arafo a la familia Curbelo -la denunciante- así como acciones de agua. El empresario y sus hijos Miriam, José Ángel y Aaron se mostraban ayer aliviados, a pesar de saber en todo momento de su inocencia: "Somos una gran familia", declaró José Miguel.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia absolutoria para los dos encausados en el caso relacionado con la venta de una gasolinera en Arafo, respecto a las acusaciones por la presunta comisión de los delitos de frustración a la ejecución de sentencia y blanqueo de capitales.

Los ahora absueltos son el conocido empresario sureño y dueño de La Chasnera y siete gasolineras Repsol más, José Miguel González, y el empresario sevillano Bienvenido Valenzuela Bernal, que ya fue condenado por estafa en otro juicio celebrado por los mismos hechos.

En la nueva sentencia, la Audiencia Provincial concluye que el posible delito de frustración a la ejecución no es tal sino que se subsume en la estafa ya juzgada, mientras que dicho tribunal no aprecia el blanqueo de capitales descrito por tanto la Fiscalía como por la acusación particular, defendida por el letrado Pedro Revilla.

Los hechos se remontan a 2014, cuando los propietarios de la gasolinera (familia Curbelo) en El Pino, municipio de Arafo decidieron venderla al referido Bienvenido, que no cumplió con lo pactado (de ahí que ya hubiera condenado por estafa) y que luego traspasó, un par de días después, la gasolinera a González, por un importe superior a los 800.000 euros. La gasolinera desde entonces no se ha podido abrir por distintos problemas urbanísticos.

José Miguel González ha vuelto a sonreír. / Norchi

El Ministerio Público y el abogado de la acusación particular pedían para José Miguel González ocho años de prisión y 1,7 millones de euros de indemnización por ponerse de acuerdo con otro empresario para adquirir a bajo precio una estación de servicio así como varias fincas en el municipio de Arafo, aprovechando que los vendedores estaban agobiados por las deudas.

En el juicio, celebrado el pasado octubre, defendido por el letrado Gerardo Pérez negó que supiera que las propiedades que compró tuvieran deudas y aseguró que la estación de servicio que compró estaba en ruinas y que ha tenido que "invertir mucho dinero para ponerla a funcionar".

Pocos días después de esta operación de compraventa, cuyo traspaso de escrituras constan ante un notario de Güímar, el empresario sevillano alcanzó un acuerdo para traspasar estas propiedades a la empresa de José Miguel González, presidente del Grupo González Canarias, propietario de varias estaciones de servicios y otros negocios.

La Fiscalía sostenía que ambos empresarios (Bienvenido y José Miguel) se pusieron de acuerdo para eludir las deudas que había contraído la familia Curbelo y para ello el empresario habría simulado la venta. Sin embargo, según la Audiencia no se puede considerar este hecho como probado. 

Es más, con respecto al blanqueo, rechaza que el comprador tuviera conocimiento de que estos habían sido adquiridos mediante engaño y sin intención de cumplir sus compromisos, aunque los adquirió a un precio inferior. Es más José Miguel González hizo frente a la hipoteca del inmueble de del matrimonio Carlos Enrique Curbelo y Teresa Díaz, con un cheque cercano a los 200.000 euros.

Ante esta sentencia, dada a conocer hoy a las partes, cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de diez días ante la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias