Ya va siendo hora de tratar algo más en profundidad está actividad comercial disfrazada de economía colaborativa que tanto daño está haciendo a las poblaciones residentes, especialmente en comunidades turísticas y centros urbanos. Como casi siempre centrados en Canarias, comenzamos haciendo un poco de historia, de un negocio que hasta el año 2015 no estaba regulado en el Archipiélago, pero ya saben, a fuerza de hacer de la necesidad virtud, el alquiler vacacional demandaba una regulación para salir de la clandestinidad, y al Gobierno de Canarias no se le ocurrió mejor forma de arreglarlo más que con un censo, una declaración responsable con unos requisitos mínimos y el pago del 7% del IGIC, con la salvedad de no permitir la actividad en núcleos turísticos del estilo Playa de las Américas, Maspalomas o el Puerto de la Cruz (una negativa esta última tumbada en 2018 por el Tribunal Supremo). Nada de hacerte autónomo ni montar ningún tipo de empresa, nada de seguro de responsabilidad civil y tributando a Hacienda lo mismo que por un alquiler de larga temporada. Y así desde 2015 hasta la fecha, no por casualidad, el alquiler en Canarias para residentes ha subido un 49%, con diferencia la subida más alta de toda España.