Isidro Martín, Delegado en Canarias de  APEI, Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, apunta que queremos sumarnos a la denuncia de ASCAV y FEDECO, en relación al nuevo borrador de Decreto de Vivienda Vacacional, que consideramos perjudicial, porque una vez más, deja a los verdaderos actores de esta importante ocupación económica, fuera del escenario de la reflexión y toma de decisiones,  más aún, a los  expertos inmobiliarios, verdaderos profesionales sobre el particular, no se les ha tenido en consideración, ni tan siquiera invitándolos a una sola reunión, en relación con la elaboración del borrador del citado Decreto. 

Oscar Izquierdo presidente de FEPECO, muestra su satisfacción, porque después de más de una década solicitándolo al Gobierno de Canarias, por fin se ha hecho realidad. Canarias de esta manera se incorpora a la modernidad en la gestión inmobiliaria, con antecedentes ya en marcha tanto en Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía, Valencia y el País Vasco.

Personas sin trabajo y sin la preparación suficiente, buscan una oportunidad de hacer negocio rápido, fácil y sin obligaciones, haciendo operaciones inmobiliarias, fuera de todo control y garantía, perjudicando a sus potenciales clientes, a la administración y al conjunto de la sociedad.
 

FEPECO como patronal de la industria de la construcción y APEI como la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, están impulsando la lucha contra la economía sumergida, por la preocupación existente en el sector de la construcción y especialmente entre los agentes legalmente establecidos por la elevada mediación ilegal y su posible incremento ante la recuperación del sector de la vivienda. 

El alquiler vacacional es una realidad global con la que hay que contar, ha venido para establecerse, es una nueva modalidad turística que se expande vertiginosamente por todo el mundo, por lo que es necesario asumir sus ventajas de forma que sea beneficioso para todos y trabajar concienzudamente para atajar los inconvenientes que incorpora en el mercado, en algunos casos distorsiones significativas de precios, escasez de alquileres de larga duración y deterioro en la convivencia ciudadana.