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La estructura aprobada obedece a la necesidad de reforzar aquellas acciones que son prioritarias para afrontar el nuevo ciclo político y económico. Bajo esta filosofía de actuación, el Gobierno de Canarias amplía de ocho a diez el número de consejerías y rescata parte de la estructura suprimida por los ajustes presupuestarios de años precedentes, con el objetivo de mejorar la gestión de las políticas sociales, prestar un servicio más especializado, desarrollar y ejecutar las nuevas reformas legislativas y diseñar las estrategias que son imprescindibles para el impulso de un nuevo modelo económico, que facilite a su vez la creación de empleo.