En las últimas fechas estamos asistiendo a un debate en la opinión publicada sobre cuáles deberían ser las atribuciones de nuestros expresidentes del Gobierno de Canarias y, de forma más incisiva, acerca de si deben contar o no con una retribución económica procedente del erario público. Un debate, sin embargo, que rápidamente se ha visto contaminado por el partidismo mediático y político, y que lejos de aportar reflexión o información, solo está sirviendo para alimentar el ruido y la confusión. Creo no exagerar si digo que somos muchos los que desearíamos escuchar análisis más serenos y objetivos sobre un asunto que en otras comunidades como Galicia, Cataluña o Euskadi hace tiempo que ha sido resuelto. Sobre todo cuando esas opiniones proceden de nuestros representantes públicos, a quienes se les supone un sentido de la responsabilidad y el rigor tanto o más que la media.