Desde hace años, el Gobierno de España, se alineó con la política energética de la Unión Europea, en la estrategia de descarbonización a largo plazo, la cual establecía la reducción del 90% de las emisiones de efecto invernadero a 2050, con respecto a 1990 y el 10% restante, sería absorbido por los sumideros de carbono, es decir, montes, bosques, etc. El desarrollo de estas políticas en Canarias ha tenido distintas etapas, que van de la dejación, hasta la pretensión de acortar a 2040 el objetivo de descarbonización, que es lo que utópicamente pretende conseguir la Consejería de Transición Ecológica y más cosas del Gobierno de Canarias. Esto, junto a la ausencia de una política energética regional, en el desarrollo de sus competencias, por parte del Gobierno de Canarias, ha llevado a una desigual situación entre Gran Canaria y Tenerife, para afrontar los objetivos de descarbonización.