El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Adán García, denuncia la falta de implicación del gobierno municipal, formado por CC y PP, en los desahucios producidos en las últimas semanas en San Isidro, Granadilla.
El Ayuntamiento y la empresa pública Servicios Municipales de Granadilla de Abona (Sermugran) quieren manifestar que son rotundamente “falsas” las afirmaciones realizadas por el grupo socialista sobre el “intento de desahucio” de 76 viviendas de protección oficial en la zona de La Jurada; unos inmuebles calificados en régimen de alquiler y con opción a compra, tras un periodo establecido de diez años.
Ahora son 13 familias, del sur de Tenerife, de Arona concretamente, inmersas en procedimientos de desahucio a manos de fondos buitre.
Ante la dramática situación que están atravesando múltiples familias en riesgo de desahucio en la Isla, quienes actualmente se encuentran defendiendo su derecho a una vivienda digna y reclamando soluciones por parte de las administraciones públicas competentes, el grupo político Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife exige “la implicación activa de la corporación insular para lograr la paralización inmediata de los lanzamientos sobre las familias sin alternativa habitacional”.
A pesar de la moratoria del Gobierno para que se paralicen los desahucios hasta el 9 de agosto, continúan los fondos buitre presentando demandas de desahucio sin piedad en Tenerife.
El Instituto Canario de la Vivienda y la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias han promovido esta semana el primero de una serie de encuentros que planean mantener en todas las islas con responsables de otras administraciones con el objeto de diseñar nuevas acciones y coordinar y optimizar las existentes para paliar la emergencia habitacional y la problemática de las personas sin hogar.
El grupo Sí Podemos en el ayuntamiento de Arona ha dado registro para que el alcalde de Arona, José Julián Mena dé amparo a una familia con 5 hijos a su cargo, de los cuales tres son menores y que han ocupado una vivienda pública propiedad de la Consejería de Viviendas del Gobierno de Canarias, la cual ha estado cerrada durante cerca de 9 años en Arona Casco.
El presidente accidental del Cabildo, Aurelio Abreu, y la directora insular de Vivienda, Marta Arocha, han afirmado en relación a la situación de desahucios en el barrio de Añaza de Santa Cruz de Tenerife que se trata de un “ejemplo más que demuestra que el Gobierno de Canarias no tiene una política real de acceso a la vivienda en Tenerife”, y que tampoco puede garantizar “un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna y adecuada para los ciudadanos”.
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha pedido información “clara y precisa” al Banco de Santander sobre la situación real de las viviendas de protección oficial del barrio de Añaza, en el municipio de Santa Cruz, y que se paralice cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles.
