Todos los sistemas jurídicos contemporáneos contemplan delitos contra el orden público. También el Código Penal de la Venezuela bolivariana o el de la Cuba castrista (donde por cierto existe un delito de sedición para quien perturbe con violencia “el orden socialista”). La clave siempre es cuál es el orden que se quiere proteger y cuáles son las formas de ataque que se criminalizan.
En el caso español, la última actualización del concepto vino de la sentencia del Juicio del Proceso, que contenía punto por punto, con las mismas palabras, el concepto de orden público descrito en la ley de orden público franquista de 1959, por tanto, en una visión que protege a las instituciones y la estructura del Estado sin pensar en ningún momento en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la ciudadanía.
Esta cosmovisión venía apuntalada como mínimo por dos hechos relevantes de unos años antes, en 2015: 1) la reforma del PP del capítulo de los desórdenes públicos del Código Penal ampliando penas y agravantes y 2) la condena del caso Aturem el Parlament escrita por Marchena que amputaba profundamente el derecho a manifestarse con la "intimidación ambiental" como forma delictiva. Cualquier cambio en la dirección favorable a blindar la protesta que se quiera realizar en el marco español debe tener en cuenta esta genealogía y debe empezar por descabezarla.
