Olivia-Delgado

El sector agroalimentario tiene un valor estratégico para la economía española por su aportación al PIB y también desde el punto de vista social y medioambiental. El reflejo de ello es que en los momentos más duros de la pandemia se declaró actividad esencial demostrando así su importancia para la subsistencia de las personas. De hecho, en nuestro país hay más de un millón de explotaciones agrarias que dan empleo a más de 2 millones de personas, y más de 8.800 buques pesqueros, un sector que está conformado fundamentalmente por pymes y que contribuye casi con un 10% al PIB. Unos datos que muestran no solo la relevancia del sector en la economía sino la importancia para la cohesión social y territorial de España.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la “Ley de Vivienda” toca el trámite parlamentario, que será por procedimiento de urgencia a solicitud del Gobierno, porque esta es una norma muy esperada por la ciudadanía.  Sinceramente, espero que se alcance el máximo consenso posible durante este trámite parlamentario, porque esta ley es una herramienta que beneficiará a todo el mundo y nuestra obligación es garantizar el derecho a la vivienda digna, para que de una vez por todas, la vivienda deje de ser un lujo solo al alcance de unos pocos. No podemos olvidar a las miles y miles de personas a las que resulta imposible acceder a una vivienda en nuestro país. 

El Gobierno de España cumple. El presidente Sánchez se comprometió a que España sería un país más digno y toda la acción del Gobierno se incardina precisamente en mejorar y dignificar la vida de las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna es un problema que afecta a miles de personas en nuestro país. La falta de oportunidades en algunas ocasiones hace que lleguen a vivir en la calle, en una tienda de campaña o lugares insalubres. Desgraciadamente, incluso familias con menores. Esto no es un problema reciente sino un problema que se intensificó con la crisis del año 2008 y la reforma laboral del Gobierno del PP en el 2012, que precarizó el empleo devaluando salarios, agravando el problema de la vivienda en España incluso a trabajadores y trabajadoras precarios. Pero es a raíz de la crisis  causada por la pandemia que se ha demostrado aún más que la vivienda es el soporte para el desarrollo de otros derechos fundamentales.

Nadie pondrá en duda que la violencia más despreciable es aquella que tiene como víctimas a los más vulnerables. Este es el caso de cualquier forma de violencia que se ejerza sobre las personas menores de edad, una violencia que puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, como puede suceder en los entornos familiar y escolar, espacios en los que pueden tener lugar estos actos violentos con mayor frecuencia.  

Cada año, en nuestro país, se interponen miles de denuncias por delitos violentos contra menores de edad.  

Hoy me siento muy satisfecha por poder votar a favor de una ley que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas menores de edad, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral para los niños y niñas. Esta ley que aprobamos hoy en el Senado es una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno sociosanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos. 

Como cada 30 de noviembre desde el año 1988, ayer se celebraba el Día Internacional de la Seguridad en la Información, una iniciativa que surgió de la prestigiosa asociación internacional de profesionales, investigadores y formadores de informática ACM (Association for Computer Machinery), con el objetivo de realizar acciones conjuntas a nivel institucional, educativo y en las empresas y así  concienciar de la importancia de proteger la información a través de una serie de medidas de seguridad en los sistemas.