Sí Podemos Canarias denuncia presuntas irregularidades en el uso de dinero público por parte de Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, para sufragar viajes a Grandes Premios de Automovilismo.
Los consejeros insulares Aarón Rodríguez Ramos y Guzmán Correa Marichal registraron una moción para defender la continuidad del servicio público de donación de sangre de Canarias. La moción, que se debatió hoy en el Pleno del Cabildo Insular de La Gomera, contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.
Unos 170 trabajadores y trabajadoras de los distintos departamentos del Cabildo y entidades del sector público insular han participado en el I Encuentro de Innovación Pública y Buenas Prácticas puesto en marcha por el Cabildo de Tenerife, en el que se han puesto en común más de una veintena de proyectos novedosos que suponen una mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía
La colaboración empresarial y el asociacionismo pueden ser clave a la hora de afrontar procesos relacionados con la innovación en las compañías. Bajo esta premisa se celebró, hoy, la segunda cita de las II Jornadas sobre Financiación de la Innovación Empresarial de Canarias, que ha organizado el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) junto a AF Innovación y al Ministerio de Ciencia e Innovación en el Centro Tecnológico de Candelaria.
El sindicato USO-CANARIAS y su sección sindical de socorristas han decidido ampliar la convocatoria de concentraciones ante el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, dada la intención de privatizar el servicio esencial de socorrismo, y debido a la carencia absoluta de diálogo por parte del equipo de gobierno municipal, liderado por PSOE y apoyado por Asamblea Ciudadana Portuense.
Todos los sistemas jurídicos contemporáneos contemplan delitos contra el orden público. También el Código Penal de la Venezuela bolivariana o el de la Cuba castrista (donde por cierto existe un delito de sedición para quien perturbe con violencia “el orden socialista”). La clave siempre es cuál es el orden que se quiere proteger y cuáles son las formas de ataque que se criminalizan.
En el caso español, la última actualización del concepto vino de la sentencia del Juicio del Proceso, que contenía punto por punto, con las mismas palabras, el concepto de orden público descrito en la ley de orden público franquista de 1959, por tanto, en una visión que protege a las instituciones y la estructura del Estado sin pensar en ningún momento en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la ciudadanía.
Esta cosmovisión venía apuntalada como mínimo por dos hechos relevantes de unos años antes, en 2015: 1) la reforma del PP del capítulo de los desórdenes públicos del Código Penal ampliando penas y agravantes y 2) la condena del caso Aturem el Parlament escrita por Marchena que amputaba profundamente el derecho a manifestarse con la "intimidación ambiental" como forma delictiva. Cualquier cambio en la dirección favorable a blindar la protesta que se quiera realizar en el marco español debe tener en cuenta esta genealogía y debe empezar por descabezarla.
La plantilla del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) lleva varios meses exigiendo al gobierno canario que atienda sus reivindicaciones de estabilidad laboral y de defensa del ICHH Público. Ante las intenciones privatizadoras del gobierno han tenido que tomar medidas como ir a la huelga, realizar concentraciones ante el propio ICHH o el Parlamento y el gobierno de Canarias.
El Partido Popular en el Cabildo exige a la institución insular que garantice la seguridad de los usuarios del transporte público de Porlier, en Bajamar, en el municipio de La Laguna, entre los que hay muchos niños, mayores y personas con movilidad reducida.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha presentado hoy en rueda de prensa el proyecto de los Presupuestos insulares para 2023, que se presentará este viernes en el Pleno de la Corporación insular para su aprobación, y en los que se contempla una partida global de 946.865.673 euros, lo que supone un crecimiento del 20,7 por ciento (162 millones más). El presupuesto consolidado, que incluye a todo el sector público insular, supera los 1.055 millones e euros.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado hoy el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la mayoría de sindicatos (representación del 80%), sobre los criterios del proceso de estabilización y reducción de temporalidad en el empleo público.
