Los ayuntamientos turísticos muestran cautela sobre las competencias que les propone el Gobierno canario en materia de vivienda vacacional

En ese sentido, la concejal de Turismo de Adeje, Ermitas Moreira, ha señalado que antes de pronunciarse sobre el asunto prefiere conocer el borrador o las líneas generales  sobre las que discurrirá el nuevo decreto, ya que de momento el Gobierno no se ha reunido con los ayuntamientos para discutir  de manera minuciosa el asunto; un encuentro que, según la responsable adejera, podría producirse la próxima semana.

Como ya es conocido, el Gobierno de Canarias mantiene la intención de evitar la presencia del alquiler vacacional en las zonas eminentemente turísticas, protegiendo de ese modo la oferta alojativa hotelera y de aparthoteles,  dando, a la vez, respuesta a los intereses de la patronal del sector.

Así lo expuso recientemente el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isac Castellanos, a las patronales turísticas en el encuentro que sirvió para detallar las líneas sobre las que se centrará el futuro decreto que regulará el negocio de las viviendas vacacionales en Canarias y que a propuesta del Gobierno se pretende que sean los cabildos y ayuntamientos, mediante los planes insulares y municipales de ordenación del territorio, los que asuman las competencias. 

El borrador bien podría ser una patata caliente para los ayuntamientos, motivo por el cual Moreira insiste en la necesidad de conocerlo minuciosamente y debatirlo en profundidad con el Gobierno, antes de su aprobación definitiva como decreto.

El Ejecutivo se escuda en ceder las competencias en esa materia a los cabildos y ayuntamientos, partiendo de la base que la realidad de las islas no es uniforme, y entiende que las administraciones locales son las que mejor conocen sus necesidades. 

Los representantes empresariales han recibido con agrado la noticia planteada por el Ejecutivo, ya que consideran que en las zonas turísticas ya hay suficientes apartamentos y hoteles para atender a los visitantes. Además, para la patronal y los sindicatos, la vivienda vacacional no deja de ser un riesgo para miles de puestos de trabajo.

Por su parte, en declaraciones a los medios, el presidente de Ashotel -patronal tinerfeña-, Jorge Marichal, aboga por proteger “el derecho a la vivienda” de quienes trabajan “en la industria que mueve la economía canaria”.  Los hoteleros entienden que “una oferta excesiva del alquiler vacacional pone también en peligro la disponibilidad de viviendas residenciales para las personas que trabajan en el sector, reduciendo el número e incrementando el alquiler de las mismas”.