El Gobierno de Canarias le pasa la pelota del turismo vacacional a los ayuntamientos.

Lo cierto es que Miguel Ángel Rodríguez no decepcionó e incluso superó las expectativas que teníamos sobre su solvencia, al dirigirse en todo momento a los presentes con un lenguaje claro y conciso, utilizando un tono coloquial en el que llegó a hacer uso en varias ocasiones del “mi niño” y del “chacho”, a pesar de su acento peninsular.

 

El Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias comenzó su alocución con una loa a la figura de José Fernando Cabrera, alma máter del FAST, empresario sobradamente conocido y de gran valía profesional y humana. Cuídenlo, cuiden a José Fernando, repitió, en reconocimiento a la implicación de este luchador incansable por la defensa de nuestros sures. A partir de ahí, Miguel Ángel Rodríguez se lanzó a tumba abierta para explicarnos los porques razonados de la nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, recientemente aprobada, y que ha suscitado tanta controversia, tras las declaraciones de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) que ha tildado esta ley como la “muerte del vacacional”, una actividad de la que viven muchas familias y particulares, y no solo empresas o fondos buitre.

 

Rodríguez vino a decir que el turismo vacacional ha llegado a equivaler al volumen de ocupación de 700 hoteles de 500 plazas, o si hablamos de residencial, a más de 70.000 viviendas y que el primer y necesario efecto de la ley ha sido el de la contención de ese crecimiento desbordado, salvo en tres ayuntamientos, Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla y Pájara, que según aclaró, son los únicos que han hecho los deberes.

Esto implica un cambio de paradigma, continuó, porque ahora le toca a cada municipio aplicar la ley mediante ordenanzas municipales provisionales, lo cual, no es otra cosa que una decisión estrictamente política y amparada en la praxis democrática, es decir, en la aprobación de la regulación por parte de la corporación municipal que tiene 4 años para culminar dicha tarea.

La decisión sobre la capacidad de carga, zanjó, es de ámbito estrictamente municipal y, por tanto, los ayuntamientos deben actuar en consecuencia, algo que, por otro lado, no es algo nuevo, sino correspondiente a sus competencias respecto al planeamiento urbanístico, ni mas ni menos, recordó, que haciendo uso de las herramientas que tienen y que, en muchos casos, no usan.

Rodríguez invitó a que todo el mundo se lea la ley, su exposición de motivaciones en lo que respecta a la necesidad del alta como actividad clasificada cuya justificación es evidente. Tenemos que apostar por la sostenibilidad social, ambiental y económica, recalcó, mediante la liberación de vivienda en zonas de gran afluencia turística para conseguir una movilidad sostenible, la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos y, lo mejor de todo, remató, mejorar la calidad de vida de los trabajadores que podrán vivir cerca del lugar donde trabajan sin tener la penosa obligación de desplazarse al norte de la isla en un agotador ida y vuelta de muchas horas.

Rodríguez insistió en que somos un destino que crece en calidad y sostenibilidad, en un guiño al sector hotelero del que dijo que paga impuestos e invierte en atraer a turistas de mayor poder adquisitivo. El futuro de Canarias será sostenible o no será, una sentencia con la que Rodríguez quiso reforzar el origen de esta ley. La pregunta que queda en el aire es si los ayuntamientos serán capaces de gestionar los consensos necesarios, en función de la realidad de su municipio, para hacer posible que el vacacional no supere el 10% de la oferta alojativa, cifra que Rodríguez considera ideal para evitar la distorsión del mercado habitacional.

De momento, se han dado de baja 145 viviendas vacacionales, apostilló, pero calculamos que, en el corto y medio plazo, la situación se irá equilibrando sobre todo con la desaparición de los que continúan de forma ilegal o no lleguen a subsanar sus deficiencias.

En el turno de preguntas, afirmó que los que se dedican al vacacional no dejarán de ganar dinero, aunque ganarán menos y, en general, conminó a los sectores público y privado a remar en la misma dirección dentro de la lógica de cada municipio, una pelota que cae en el tejado de unas alcaldías con capacidad y recursos muy dispares. La moratoria del turismo vacacional ya es un hecho y esta por ver como lo gestionan los ayuntamientos de zonas turísticas donde se concentra la mayor densidad de establecimientos con placa VV o sin ella.