Lomo Negro continúa su lucha por evitar la demolición de más de 450 viviendas

El pasado sábado cinco de julio se ha recibido una donación de más de 20.000 litros de agua potable, que han sido repartidos entre las familias de la zona. Un gesto de gran valor, teniendo en cuenta que el agua doméstica es un bien básico y que en Lomo Negro residen más de 1.200 personas, muchas de las cuales no cuentan con contador de agua, por lo que deben abastecerse a través de depósitos que se llenan mediante camiones cisterna. 

Una larga trayectoria de protestas y silencio institucional 

Durante más de un año, la Asociación de Vecinos ha promovido diversas acciones para defender los derechos del vecindario. Se han organizado manifestaciones ante el SAC de Los Cristianos, el Ayuntamiento de Arona, en Las Galletas, ante Medio Ambiente y el Cabildo, entre otros espacios. Sin embargo, ningún representante político del Ayuntamiento de Arona ha hecho acto de presencia hasta la fecha. 

En ocasiones anteriores, la asociación logró mantener reuniones con el entonces concejal de Urbanismo, Sr. Luis García, quien mostró disposición para plantear un estudio técnico con empresas públicas como Gesplan o Gestur. No obstante, según explican los vecinos, la alcaldesa Fátima Lemes rechazó esta opción alegando que el problema de las viviendas de Lomo Negro está judicializado y argumentó además razones de "insalubridad". 

Desde la asociación, sin embargo, cuestionan este doble rasero: “¿Acaso el pueblo del Fraile cumple con los estándares de salubridad?. Las calles están sucias, llenas de basura y hay aceras intransitables. Nuestras parcelas están limpias, y muchas de ellas han sido recuperadas de antiguas escombreras”, señalan desde la directiva vecinal. Asimismo, recuerdan que Lomo Negro forma parte del área de continuidad urbana de El Fraile y figura en el Plan PIOT como zona de expansión o reserva urbana, dada la creciente necesidad de vivienda en el municipio.

Ante la falta de respuesta del consistorio, en mayo de este año la Asociación solicitó una reunión con el Consejero de Política Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Don Manuel Miranda, quien, junto a su equipo, mostró comprensión y apoyo. Durante la reunión, el consejero manifestó su disposición a reunirse con la alcaldesa y con los vecinos para colaborar en la búsqueda de soluciones legales y alternativas viables. Según relató la asociación, cuando trasladaron al consejero que la alcaldesa afirmaba no poder actuar por estar judicializado el asunto, el Señor Miranda respondió que eso no impedía en absoluto proponer soluciones: "No entendemos por qué el Ayuntamiento de Arona no ha solicitado un informe técnico a Gesplan o Gestur, siendo algo perfectamente asumible en coste y legalidad”, señalaron desde Política Territorial. A día de hoy, la alcaldesa sigue sin responder a las solicitudes de reunión, presentadas en varias ocasiones vía email, teléfono y sede electrónica.

En el último pleno, no se hizo mención alguna a la situación, lo que los vecinos interpretan como una actitud de desprecio hacia el barrio. Demoliciones y sanciones detenidas, pero la amenaza persiste. Cabe destacar que ya existen órdenes de demolición y sanciones activas, aunque algunas han sido temporalmente paralizadas gracias a las protestas vecinales. La asociación está revisando la legalidad de las notificaciones y exige transparencia.

Además, los vecinos recuerdan que el Ayuntamiento tiene la llave para buscar alternativas, tal y como indica un Artículo que permite al Gobierno de Canarias suspender de forma motivada la vigencia de instrumentos de ordenación cuando concurran razones de interés público, social o económico relevante. “No nos vamos a rendir. Muchos vecinos llevan aquí décadas.

Vivimos un agravio comparativo, porque existen otras construcciones ilegales en el municipio que no están sufriendo ni sanciones ni amenazas de demolición”, denuncian.