Uno de cada tres participantes en el Programa de Empleo Social encuentra trabajo tras finalizar
La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, informó en el Parlamento sobre los datos más relevantes del Programa de Empleo Social que su departamento acaba de firmar con la Fecam para los años 2016 y 2017 y destacó que el 33,8% de las personas que participan en estos programas, según la última evaluación realizada, encontraron un trabajo tras finalizar el programa.
El perfil de los participantes es el de personas con difícil inserción laboral y todos ellos se encuentran en riesgo de exclusión social.
“Creemos que es una herramienta eficaz -aseguró Hernández- no sólo para ofrecer un empleo sino, lo que es más importante, para posibilitar la reinserción laboral y social de personas que han perdido la autoestima y las ganas de luchar”.
Sólo durante el año pasado se contrataron en el marco del Programa de Empleo Social a 3.610 personas, de las que un 43% eran mayores de 45 años. Hay que tener en cuenta que el programa está orientado a personas en situación de desempleo de larga duración, ya que para participar como mínimo deben haber estado en paro durante 6 meses en los últimos dos años.
La vicepresidenta aseguró también que además del gran beneficio para las familias con todos los miembros en paro, los trabajos que se realizan revierten en mejoras en los propios municipios y en aquellas áreas en las que más se necesitan.
“El Plan de Empleo Social incide directamente en las vida de las personas sin empleo -añadió- les permite tener unos ingresos derivados de su propio trabajo, les aporta experiencia laboral y les garantiza una cotización a la Seguridad Social. En esto reside la verdadera importancia del Plan, en su utilidad para mejorar las oportunidades de aquellos que han sido más duramente golpeados por la crisis y también por algunas políticas”.
El anterior Plan generó 7.055 empleos, en contratos de 6 meses con un salario de 1.400 euros brutos. Abarcó todos los sectores laborales y el perfil del destinatario fue, prioritariamente, parados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres.
Hernández describió el empleo “como vehículo indispensable para la inclusión social” y reiteró que “constituye la gran prioridad que el equipo de Gobierno actual se ha planteado para esta Legislatura”.
La vicepresidenta agradeció la predisposición de la Fecam para participar en este Programa que, como su propio presidente manifestó durante el acto de firma del convenio el pasado 1 de abril, llega como agua de mayo para dar una respuesta a muchas familias a quienes no pueden atender en los ayuntamientos.
“Desde la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda hemos trabajado con los municipios”, aseguró Hernández que reconoció que “las administraciones locales son las mejores aliadas, vuelan a ras de suelo, conocen las circunstancias de sus vecinos, lo que pasa en sus calles”.
La vicepresidenta añadió también que el convenio contempla la posible participación de otras administraciones, como los Cabildos. “Nadie sobra en esta difícil empresa. De hecho, hemos incorporado como novedad en el acuerdo que los Cabildos Insulares puedan aportar fondos propios, mediante la adhesión al mismo, para ser ejecutados por los respectivos Ayuntamientos, en función de su ámbito territorial y con las condiciones que en él se recogen. Tal y como comunicamos a los Consejeros de empleo de los Cabildos el pasado mes de febrero”.
En cuanto al contenido del convenio, los trabajos que llevarán a cabo las personas que se contraten en ejecución de este programa los decidirán los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta el criterio de que las funciones que se realicen deben estar enmarcadas en sectores y categorías profesionales que se consideren prioritarias para el municipio.
Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses y quienes participen en los proyectos que pongan en marcha este año no podrán hacerlo en los que se ejecuten en 2017. El coste laboral mensual de los trabajadores no podrá superar los 1.400 euros.
Los ayuntamientos harán una preselección de trabajadores entre los desempleados del municipio que cumplan una serie de requisitos, como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritos como demandantes de empleo en el SCE durante un mínimo de seis meses en los últimos dos años, figurar empadronado en el municipio con al menos seis meses de antelación al inicio del proyecto y no haber participado en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015. Además del criterio de la escasez de ingresos (se establece un máximo de ingresos de 350 euros por persona en la unidad familiar), se favorecerá la contratación de mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.
