Canarias pide que las Comunidades Autónomas tengan voz en el Pacto por la Educación estatal

La propuesta es consecuencia de la intención del Estado de circunscribir el trabajo del futuro pacto al debate en el Congreso y el Senado. Monzón afirmó que si se quiere alcanzar un pacto firme y duradero, “es obligatorio escuchar a quienes gestionamos cada día los sistemas educativos de las diecisiete autonomías”. A su juicio, son los gobiernos autonómicos quienes mejor conocen las diecisiete realidades diferentes que existen en el Estado y, por lo tanto, “quienes técnicamente más solidez podemos darle al Pacto de Estado por la Educación”.

Otro asunto abordado en la reunión de esta tarde fue el Plan Estratégico de Convivencia Escolar que desarrolla el Estado y del que ya ha realizado varios anuncios, como la puesta en marcha de un teléfono para atender las denuncias sobre acoso y la liberación de docentes para crear “especialistas” que se encarguen de los casos de acoso en cada centro educativo. 

En ambos casos, varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, recriminaron al Ministerio la falta de coordinación con los planes y programas que ya están en funcionamiento en ellas, lo que produce efectos “muy poco deseables en un problema tan serio, como es el que abordamos como parte de un Plan d Convivencia más amplio”.

La consejera canaria explica cómo, por ejemplo “el Archipiélago tiene su propio teléfono desde el año 2006, que, además, está respaldado por un equipo de psicólogos e interviene directamente en los casos donde se necesita”. Un teléfono que es gratuito desde el año pasado y donde se recogen las denuncias sobre acoso escolar. “Sin embargo” -continuó explicando- “con el teléfono del Estado se ha generado cierta confusión, porque lo que hace en nuestro caso es transferirnos los casos que recogen, pero a través de servicios que no son el especializado”. De ahí, que, según sus explicaciones, se produzcan desajustes e incluso pérdidas de casos, en una materia donde la celeridad en las actuaciones es fundamental.

Y, con respecto al anuncio de que cada centro escolar tendría un mediador especialista en atender los casos de acoso, las comunidades autónomas que ya cuentan con liberación horaria y formación y acreditación de mediadores preguntaron por la concreción de la medida y la ficha financiera que la acompañara, un extremo aún sin confirmar. Al respecto, Soledad Monzón señaló que, en Canarias “ya tenemos dos horas de liberación para los docentes que se encargan de la mediación, ya formamos y acreditamos en mediación y, por otro lado, vamos a empezar a introducir la figura de los Educadores Sociales, que podrán trabajar dentro y fuera de los centros escolares”. Es un esquema y un trabajo en el que no termina de encajar la propuesta ministerial y así se lo han hecho saber en la reunión de hoy las Comunidades que trabajan en otras líneas.

Novedades normativas

En cuanto a las novedades normativas, la delegación canaria destaca que por fin se haya presentado el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, d acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de Medidas Urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora dela Calidad Educativa.

Al respecto, Monzón espera que el Real Decreto termine su tramitación “cuanto antes”, porque “el alumnado no podía continuar con la indefinición a la que nos han llevado las circunstancias de tramitación de la LOMCE, por las que a estas alturas del año sigue sin saberse cómo titular.

Por otro lado, el Estado consultó con las Comunidades Autónomas el Real Decreto que regula las certificaciones, el currículo básico y otros aspectos de la enseñanza de idiomas, según cada nivel, de los establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Al respecto, la valoración canaria fue muy positiva “porque nosotros estamos implantando un ambicioso programa de bilingüismo y una regulación como esta permitirá dar homogeneidad a los estudios de idiomas y facilitará su convalidación en otros lugares, de ser necesaria”.