El polígono industrial de granadilla tiene dos accesos a la TF-1, uno hacia el sur y otro hacia el norte. Si se hace el tercero, a la altura del actual cruce de Chimiche-Las Maretas (más al norte); los vehículos o camiones que salgan o entren del sur seguirán utilizando el actual porque lo contrario significaría hacer entre 15 o 20 kilómetros más. Es posible que si la conexión con la TF-1 se pretende hacia o desde el norte se puedan ahorrar un par de kilómetros pero para de contar. Y estando los dos accesos actuales muy por debajo de su capacidad y necesitando evidentes mejoras en carriles de aceleración y demás la cuestión es por qué estos personajes se han empeñado en un tercer acceso por casi treinta millones de euros de manera urgente. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, declara la situación de Alerta por Temperaturas Máximas en Canarias, y también por Riesgo de Incendios Forestales en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, a partir de las 10:00 horas del 13 de agosto.

Canarias Adviser, informa sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 sobre la conocida como “plusvalía municipal” (impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), la cual viene a anular diversos preceptos de la Norma Foral, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que en lo que resulta relevante presenta identidad sustancial con el tratamiento que para dicho impuesto se establece para todo el territorio nacional en la Ley de Haciendas locales, por lo que la doctrina que sienta el Tribunal Constitucional, cabe presumir que se reiterará en cuestiones de inconstitucionalidad  pendientes aún y que directamente afectan a dicha norma nacional.

Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, tilda de “absolutamente escandaloso” que la ciudadanía tinerfeña tenga que enterarse por la prensa de que la cantidad de dinero malversado en Sinpromi asciende al doble de lo que habían informado hasta ahora los responsables del Gobierno insular, 1.689.000 euros en vez de 800.000 euros, según valoración de la Policía Judicial.